Extranjeros de Venezuela, Colombia, Ecuador y República Dominicana fueron intervenidos en Perú por ingreso irregular

La Policía Nacional del Perú (PNP) realizó la intervención de 52 ciudadanos extranjeros en la ciudad de Tumbes, en un operativo orientado a identificar el ingreso irregular de migrantes al país. La acción policial se llevó a cabo en la agencia de transportes TCR Express, situada en la Av. Tacna N.º 385, donde los agentes detectaron que un grupo significativo de pasajeros no contaba con la documentación necesaria que acreditara un ingreso legal al territorio peruano.

El operativo, denominado “Control de Identidad – Tumbes 2025”, se enfocó en el control y fiscalización de pasajeros en buses interprovinciales, una de las modalidades que, según autoridades migratorias, utilizan con frecuencia los ciudadanos que atraviesan la frontera entre Ecuador y Perú sin cumplir los requisitos legales. Entre los intervenidos predominaban personas de nacionalidad venezolana, aunque también se identificaron ciudadanos colombianos, ecuatorianos y dominicanos.

 

Las autoridades presumen que los migrantes habrían ingresado a través de pasos no autorizados —rutas irregulares conocidas en la zona fronteriza—, con el posible apoyo de traficantes de migrantes, conocidos como “coyoteros”. Además, durante el operativo fueron detenidos Julio César Mendoza Gálvez, encargado de la venta de pasajes, y Santos Julio Flores Azañero, conductor del bus de placa DOM-441, quienes son investigados por su presunta implicancia en el delito contra el orden migratorio, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.

Las diligencias posteriores a la intervención estuvieron bajo la supervisión del Ministerio Público. El caso está a cargo del fiscal provincial Roberto Villacorta Domínguez y de las fiscales adjuntas Iris Rioja Farroñán y Mariela Cabrera. Las autoridades fiscales han iniciado investigaciones para determinar la responsabilidad tanto de los ciudadanos extranjeros como de los empleados de la empresa de transporte involucrada.

El delito de tráfico ilícito de migrantes está tipificado en la legislación peruana y contempla penas privativas de la libertad para quienes faciliten, promuevan o financien el ingreso o salida ilegal de personas. De acuerdo con la PNP, la colaboración de ciudadanos o empresas en este tipo de delitos ha sido identificada como un factor recurrente en el aumento del flujo migratorio irregular en la frontera norte del país.