Una decisión de alto impacto por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos ha levantado las restricciones impuestas por un tribunal inferior, permitiendo al Gobierno del presidente Donald Trump avanzar con la deportación de aproximadamente 500.000 migrantes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití que contaban con el estatus de «parole humanitario».
Esta victoria a corto plazo impulsa las prioridades de seguridad fronteriza e inmigración de la administración Trump en su segundo mandato.
La decisión de la Corte Suprema, emitida este viernes, suspende, por ahora, un fallo de un tribunal inferior que había bloqueado los planes del presidente Trump de terminar las protecciones de Estatus de Protección Temporal (TPS) y el parole humanitario para cientos de miles de migrantes residentes en el país.
El «parole humanitario» permite a los individuos vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos si no pueden regresar de forma segura a sus países de origen debido a desastres, conflictos armados u otras «condiciones extraordinarias y temporales».
Según reportan medios locales, la Corte Suprema también había autorizado previamente, el 19 de mayo, a la administración Trump a revocar el estatus legal temporal a cerca de 350.000 migrantes venezolanos bajo el TPS en otro caso. Esto eleva el número total de personas potencialmente expuestas a la deportación a cerca de un millón.
Las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson emitieron votos disidentes ante la decisión de este viernes. La jueza Jackson señaló en su disenso que el efecto de la orden del tribunal es «que las vidas de medio millón de migrantes se desmoronen a nuestro alrededor antes de que los tribunales decidan sus reclamos legales».
El procurador general de EE. UU., John Sauer, había solicitado a los jueces a principios de este mes que permitieran al Gobierno proceder con su decisión de revocar el estatus para los migrantes, acusando al juez federal Edward Chen de entrometerse indebidamente en la autoridad del poder ejecutivo sobre la política de inmigración.
La resolución abre la puerta a que miles de familias enfrenten la incertidumbre y el riesgo de deportación, mientras los casos legales continúan en los tribunales inferiores.
Cactus24 (30-05-2025)
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