La policía italiana ha desmantelado una organización criminal dedicada a la trata y explotación sexual de mujeres, que captaba a sus víctimas en Perú y Colombia con la promesa de un trabajo en Milán (norte de Italia), para luego obligarlas a prostituirse con el fin de “saldar una deuda”.
Los agentes detuvieron este martes a cuatro personas que se encuentran en prisión preventiva a petición de la Fiscalía y que, según medios locales, son dos hermanas peruanas de 36 y 34 años residentes en Italia, un hombre italo-peruano de 57 años y un italiano de 67 años.
Los arrestados preparaban toda la documentación necesaria para que las mujeres pudiesen viajar desde Perú y Colombia y entrar en el espacio Schengen, así como el seguro médico y a veces el billete de avión, concretó la Policía de Estado (policía nacional), en un comunicado publicado este martes.
Una vez en Milán les proporcionaban sumas de dinero, apartamentos donde prostituirse, dispositivos telefónicos y líneas para negociar los servicios sexuales, publicaciones y anuncios en sitios dedicados para aumentar su clientela.
Los costes de todos estos «servicios» corrían íntegramente a cargo de las víctimas, que pensaban que solo debían pagar el viaje, pero se encontraban obligadas a realizar servicios sexuales para intentar saldar su «deuda».
«La ‘fuerza’ del grupo, por tanto, se expresa también en la capacidad de ejercer un control vigilante y constante de los numerosos domicilios en los que se encuentran las distintas mujeres, interviniendo en su defensa, en caso de que haya problemas con los clientes», se lee en el auto del juez de instrucción del caso, Luigi Iannelli.
Las pesquisas se iniciaron a raíz de la denuncia de una de las víctimas del grupo criminal que fue reclutada en su país de origen y trasladada a Italia, donde fue obligada a prostituirse en un apartamento en Milán y donde era constantemente controlada por sus explotadores, que le obligaban a pagar el alquiler de la habitación que utilizaba para vivir y prostituirse.
A partir de las comprobaciones y la intervención de llamadas, la policía descubrió que el grupo criminal dedicado a la trata y explotación sexual de personas captaba a mujeres en posición de vulnerabilidad en sus países de origen y les prometía grandes ganancias y mejor calidad de vida para convencerlas de trasladarse a Italia, donde finalmente eran iniciadas en la prostitución.
Según la policía, los explotadores se aprovechaban «la indigencia y el legítimo deseo de emprender un proyecto migratorio fructífero» de las víctimas para reclutarlas en el extranjero.
El juez destacó que el grupo actuaba de «forma empresarial» y que todos los miembros «conocían perfectamente las circunstancias de la captación de las mujeres a explotar» y «de la deuda asumida por las mujeres reclutadas, estando todos ellos implicados o participando en cualquier caso en el cobro de las cantidades».
