La Casa Blanca niega haber violado la orden de un juez emitida el sábado de detener las deportaciones de presuntos pandilleros venezolanos a El Salvador, lo que, de ocurrir, acercaría los enfrentamientos legales sobre las afirmaciones de la administración de un vasto poder presidencial al borde de una crisis constitucional.
El drama rodea a los migrantes venezolanos expulsados con el uso poco común de una ley del siglo XVIII, la Ley de Enemigos Extranjeros , otra decisión controvertida y que puede representar una extralimitación del presidente Donald Trump.
El juez federal de distrito James Boasberg bloqueó temporalmente las deportaciones para considerar las implicaciones de la aplicación de la ley y dictaminó ante el tribunal que cualquier avión que ya estuviera en el aire transportando migrantes debía regresar a Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno anunció el domingo que 250 deportados, presuntamente afiliados a la pandilla Tren de Aragua, se encontraban bajo custodia salvadoreña.
Una declaración cuidadosamente redactada por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el domingo por la noche sólo profundizó la intriga sobre si los funcionarios desafiaron al juez.
La Administración no se negó a cumplir una orden judicial. Esta, que carecía de fundamento legal, se emitió después de que extranjeros terroristas (del Tren de Aragua) ya hubieran sido expulsados del territorio estadounidense, declaró Leavitt.
“Un solo juez en una sola ciudad no puede dirigir los movimientos de un portaaviones lleno de terroristas extranjeros que fueron expulsados físicamente de suelo estadounidense”, añadió.
Una distinción que Leavitt hizo sobre la orden «escrita» de la jueza, y el hecho de que indicara que los migrantes habían salido de territorio estadounidense, pero no especificara en qué momento del cronograma llegaron a El Salvador, parece significativa. Sin embargo, su uso de la frase «portaaviones» resulta confuso. Y la Casa Blanca no tiene la facultad de decretar la legalidad de las órdenes judiciales.
Mientras volaba de regreso a Washington el domingo por la noche después de un fin de semana en Florida, Trump defendió las acciones de su administración pero eludió una pregunta sobre si se habían seguido las instrucciones del juez.
“Les puedo decir esto: eran malas personas. Eran un grupo de, como digo, hombres malos”, dijo. Pero al preguntársele si su gobierno violó las órdenes judiciales, respondió: “Tendrían que hablar con los abogados sobre eso”.
Aún no se sabe con certeza cuándo se dictaron las órdenes de Boasberg ni cómo se relacionan con la operación de deportación. Pero si la administración desafiara al juez, podría crear el mayor atolladero legal de la administración hasta la fecha y alimentaría el temor de que una presidencia autoritaria pudiera desafiar abiertamente el estado de derecho.//CNN
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Cactus24 (17-03-2025)
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