Una jueza federal escuchó este miércoles los argumentos sobre la suspensión temporal dictada contra la orden ejecutiva de Donald Trump que pretende acabar con el derecho a la ciudadanía de cualquier persona nacida en Estados Unidos y decidió dictaminarla de forma indefinida.
A falta de que la corte tome una decisión sobre el fondo del asunto, el decreto del presidente republicano no podrá entrar en vigor como preveía este mes a menos que se revoque la congelación judicial antes.
La orden presidencial estaba ya suspendida a nivel nacional debido a una demanda diferente presentada por cuatro estados ante una corte en Washington. En total, 22 estados y varias organizaciones han acudido a la justicia para frenar el decreto, informa Telemundo.
La jueza federal de distrito Deborah Boardman escuchó este miércoles los argumentos a favor de congelar el decreto en su corte federal de Maryland, impulsados por los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes CASA y Asylum Seeker Advocacy Project, y varias mujeres embarazadas.
El fundamento de las demandas es que la orden puede contravenir la 14 Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868, después de la Guerra Civil y la decisión de la Corte Suprema en el caso Dred Scott, que determinó que Scott, un esclavo, no era ciudadano.
La Administración Trump afirma que los hijos de no ciudadanos no están «sujetos a la jurisdicción» de Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía.
«La Constitución no alberga una cláusula de beneficio interpretado que otorgue la ciudadanía estadounidense a, entre otros: los hijos de quienes han eludido (desafiado abiertamente) las leyes federales de inmigración», argumentó el Gobierno en respuesta a los demandantes de Maryland.
La 14 Enmienda se añadió tras la Guerra Civil para garantizar la ciudadanía a los antiguos esclavos y a los afroamericanos libres. Establece: «Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen».
Además de los 22 estados con fiscales generales demócratas que buscan detener la orden, 18 fiscales generales republicanos anunciaron esta semana que están buscando defender el decreto uniéndose a una de las demandas interpuestas en New Hampshire.
Cactus24 (05-02-2025
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