El exponente urbano Daddy Yankee mediante su representación legal calificó como “improcedente” la solicitud presentada por su aún esposa Mireddys González para que se designe un administrador judicial en sus empresas en medio del litigio que se lleva a cabo por alegados incumplimientos de sentencia.
Las expresiones fueron realizadas por los abogados de Ramón Luis Ayala, nombre de pila del exponente urbano.
“La solicitud de las demandadas, carente de fundamento jurídico, denota un proceder frívolo y temerario ante el Tribunal”, expresó el licenciado Carlos Díaz Olivo, abogado de Ayala Rodríguez, en declaraciones escritas.
Según la defensa de Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre de pila del exponente urbano, la petición busca “encubrir los reiterados incumplimientos” de las órdenes del Tribunal y responde a una “estrategia mediática” para desacreditar al artista. Además, señalaron un posible conflicto de interés en la propuesta de nombrar como síndico al profesor Luis Avilés, quien supuestamente ofreció sus servicios previamente a la parte demandante.
La parte demandante señaló que el Tribunal, bajo la supervisión del juez Anthony Cuevas, dictó una sentencia final y firme, y el único asunto pendiente es una solicitud de desacato contra Mireddys y Ayeisha González. La representación de Ayala Rodríguez considera que “litigar en los medios de comunicación busca desviar la atención de las derrotas jurídicas que, afirman, han enfrentado las demandadas”.
Además, añadieron que Daddy Yankee enfatizó su compromiso de manejar sus empresas según las disposiciones legales y aseguró que tomará las medidas necesarias para esclarecer cualquier irregularidad en la administración previa de las mismas.
Mireddys González solicitó al Tribunal el nombramiento de un administrador judicial para las corporaciones vinculadas a Daddy Yankee, argumentando un ambiente de incertidumbre y un “empate irreconciliable” en la toma de decisiones administrativas.
Según González, esta situación ha generado daños irreparables, incumplimientos de órdenes judiciales y conflictos graves entre los accionistas, incluyendo transacciones sustanciales realizadas sin su conocimiento, como la transferencia de 118 millones de dólares. La moción busca proteger los activos de las empresas, garantizar transparencia y evaluar una posible disolución corporativa.
Cactus24 (21-01-2025)
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