La historia de Aurimar Iturriago, una venezolana de 21 años asesinada en Texas en 2022, es un relato desgarrador sobre la lucha de los migrantes y sus familias. Tras su muerte violenta, su cuerpo fue utilizado para investigaciones médicas sin el permiso de sus seres queridos.
Casi dos meses de su llegada, Aurimar fue asesinada a tiros en un incidente de furia en la carretera cerca de Dallas, mientras viajaba en el asiento trasero de un vehículo.
Y para su madre, lo impensable se convirtió en inimaginable.
Sin el conocimiento de su familia, autoridades del condado de Dallas donaron el cuerpo de Aurimar a una escuela médica local donde fue cortado y le asignaron un precio a las partes que no fueron dañadas por la bala que impactó su cabeza —900 dólares por su torso y 703 por las piernas.
Los restos de la joven fueron incinerados y enterrados junto a desconocidos en un cementerio en Dallas, esto mientras su madre intentaba desesperadamente repatriar a su hija asesinada a Venezuela, sin saber que su cuerpo se convirtió en una mercancía en el nombre de la ciencia.
Arelis se enteró de que su hija fue usada para investigaciones médicas hasta dos años después de su asesinato, cuando NBC News y Noticias Telemundo —como parte de una investigación más amplia sobre la industria de cuerpos en Estados Unidos— publicaron los nombres de cientos de personas cuyos restos, considerados abandonados, fueron enviados al Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte de Texas, con sede en Fort Worth.
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“Es algo muy doloroso”, lamentó Arelis en una entrevista desde su casa en un pequeño pueblo en el oeste de Venezuela. “Ella no es ningún animalito para que la descuarticen, para que la corten”.
Lo que ocurrió con Aurimar fue un asunto de dinero, un patrón que la cadena NBC News descubrió en los dos últimos años: los cadáveres de personas vulnerables suelen ser maltratados y los deseos de sus familias ignorados en Estados Unidos, mientras funcionarios abrumados lidian con el creciente número de muertos no reclamados en medio de la adicción generalizada a los opioides, el aumento de personas sin hogar y familias fracturadas. Los periodistas encontraron que forenses de los condados, instituciones médicas y otras autoridades fallaron repetidamente en contactar a familiares antes de declarar abandonados los cuerpos.
Cactus24 (20-12-2024)
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