Los juicios en contra de 68 jóvenes, detenidos en relación con protestas poselectorales en Venezuela, han comenzado. Los detenidos, de los cuales algunos han sido autorizados a continuar con sus estudios durante su detención, esperan medidas exculpatorias o su liberación. Así lo reportó hoy el diario Tal Cual.
Las primeras audiencias tuvieron lugar en el estado de Carabobo el 30 y 31 de octubre. Familiares de los detenidos ansían una «medida de gracia» por parte de las autoridades, o una sentencia absolutoria.
Varios de estos jóvenes están acusados de delitos relacionados con protestas, como la obstrucción a la vía pública, lo que, según los familiares, no debería llevar a una medida privativa de libertad para los menores.
En algunos casos, se ha permitido a los jóvenes continuar con su educación mientras permanecen detenidos. Por ejemplo, en la Unidad de Atención Ciudad Caracas, ocho jóvenes han sido autorizados a reanudar sus estudios.
Las familias de los detenidos han denunciado irregularidades en los procesos judiciales, incluyendo retrasos en la presentación ante los tribunales, imposibilidad de designar abogados de confianza, falta de acceso a expedientes y ausencia de exámenes médicos forenses a pesar de las denuncias de tortura.
Según el reporte del Foro Penal sobre la situación de represión, aún permanecen detenidos 67 adolescentes entre los 14 y 17 años, incluyendo siete mujeres, de los 162 que fueron apresados en eventos relacionados con las protestas. Los cargos varían desde terrorismo hasta uso indebido de insignias y uniformes, y se reporta que algunos han sufrido abusos como golpizas, acoso y violencia sexual.
El informe también menciona el caso de Michel Aurislin Acosta Durán, de 19 años, quien fue brutalmente golpeada durante su detención, y ahora presenta convulsiones recurrentes.
Respecto a los adolescentes liberados, el Foro Penal informó que a finales de agosto, se emitieron varias órdenes de excarcelación beneficiando a al menos 90 jóvenes, a la mayoría de los cuales se les impusieron medidas que incluyen presentación periódica cada ocho días y prohibición de abandonar la localidad donde residen y de asistir a eventos políticos.
Las autoridades no han hecho comentarios públicos sobre la situación de estos jóvenes detenidos y su entorno jurídico. Los defensores de los derechos humanos continúan siguiendo estos casos de cerca./Tal Cual.
Cactus24 (09-11-2024)
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