Después de dos meses y nueve días, Derika pudo ver a su hijo por primera vez desde la detención. No hubo abrazos ni besos. Solo una mesa ancha en medio de ambos, que evitaba que al menos la madre pudiera tocarle un dedo al joven, detenido durante el contexto de las manifestaciones postelectorales en La Guaira.
El joven no miraba a los ojos a su mamá. Y aunque ella trató de darle fuerzas pidiéndole que tuviera fe porque pronto estaría libre, él le contó que la cárcel de Tocuyito “es un infierno”.
“Me dijo: ‘Mamá, esto no se lo recomiendo a nadie, esto es un infierno, la comida es malísima’, se la come obligado porque no se quiere morir de hambre. ‘En la celda nos tratamos bien. Unos custodios sí te tratan bien, otros no’, decía”, recuerda la madre.
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), explicó que el Estado no ofrece la debida alimentación de los privados de libertad, la cual debe ser balanceada y contener un mínimo de 3000 calorías, entre vitaminas, proteínas, carbohidratos y grasas.
“Cuando los familiares logran ver a sus seres queridos no los reconocen por la situación en que están, los ven desnutridos y pálidos. La atención que brinda el Estado a los privados de libertad debe ser integral, con derecho a la alimentación adecuada, salud, estudios, cultura y esparcimiento”.
Hizo énfasis en las detenciones y sobre todo en los 68 adolescentes privados de libertad, acusados de terrorismo.
“A las detenciones arbitrarias se sumaron desapariciones forzadas, represión selectiva contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Hay 13 periodistas privados de libertad, sindicalistas y líderes políticos y comunitarios. Como consecuencia de esta represión vemos con suma preocupación un espacio cívico cada día más asfixiado”, dijo en su intervención el 2 de octubre.
Requisa vejatoria
Las mujeres que después de dos meses pudieron visitar a los privados de libertad en las cárceles de Tocorón y Tocuyito, fueron víctimas de vejaciones en la requisa, antes de entrar a la visita.
Denunciaron que tuvieron que quitarse la ropa y desnudas la mandaron a agacharse y pujar. Les revisaron la boca y el cabello.
“Antes de entrar nos dijeron que no podíamos tocarlos, agarrarlos, darles un beso, nada, que si veían un contacto nos quitaban al detenido y se lo llevaban. En todo momento tenemos un custodio en la espalda de cada uno”.
Las mujeres salieron de la visita sin saber cuándo podrán verlos nuevamente, deben esperar una llamada de la penitenciaría para que les confirme cuándo regresar. “Ellos nos llaman para decirnos que hay visita, pero luego nos llaman para suspender también”.
Prado recordó que el Estado venezolano viola la Constitución de la República de Venezuela y mencionó el artículo 272, que establece que éste debe garantizar el respeto de los derechos humanos de los privados de libertad; así como el artículo 49 cuyo contenido se resume en que la defensa y a la asistencia jurídica de manera privada son derechos inviolables.
“Y el numeral dos del artículo 49 dice puntualmente que toda persona es inocente hasta demostrarse lo contrario, cuestión que es diferente en Venezuela porque primero te detienen, te golpean y después ven que eres inocente y no te dan libertad”, indicó.
Añadió que el numeral 2 del artículo 44 de la CRV apunta a que los detenidos tienen derecho a comunicarse de manera inmediata con familiares, abogados o persona de su confianza. “Aquí tampoco se respeta este principio en vista de que imponen la defensa pública y los familiares no se comunican oportunamente con los internos”.
Acciones sin respuestas del Estado
El miércoles 3 de octubre el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, conformado por familiares de los privados de libertad en el contexto de las manifestaciones de Caracas y La Guaira, entregaron un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia en el cual denunciaron las violaciones a los derechos de los adolescentes y jóvenes.
“Exigimos el derecho a la libertad plena, nulidad de todos los cargos, el derecho a la defensa privada y de confianza. En la Defensoría solo nos dicen que esperemos y tengamos fe que es un trecho largo”.
También el 26 de septiembre entregaron una carta ante el Ministerio Público, dirigida a Tarek William Saab, para exigir la libertad plena de los jóvenes. Sin embargo, no han recibido respuestas.
Prado recordó que el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo violan el artículo 51 de la Constitución de la República, el cual indica: “Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo”.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
Cactus24 05-10-2024
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