El gobierno de extrema derecha de Giorgia Meloni va a poner en práctica la mano dura que siempre ha prometido a sus electores para poner orden. Por ejemplo, será delito penal castigado con hasta dos años de cárcel cortar rutas o vías férreas, aunque sea de forma pacífica, algo frecuente en protestas sindicales o ecologistas y que hasta ahora acarreaba una sanción administrativa.
También lo será resistirse pasivamente a un agente en la cárcel o en un centro de acogida de migrantes. Por todo ello, la oposición ya ha bautizado el decreto como “anti-Gandhi”.
Los extranjeros en situación irregular, además, tendrán más difícil acceder a un celular para estar en contacto con sus familias, porque se les pedirá el permiso de residencia para comprar una tarjeta telefónica, con la amenaza de cierre de hasta un mes para la tienda si no lo hace. Todo está en el decreto de seguridad, un gran paquete de medidas que crea hasta 20 nuevos delitos penales o agravantes y aumenta los años de cárcel. La norma ya fue aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de septiembre y solo queda que pase por el Senado, donde el gobierno quiere que tenga toda la prioridad.
El lunes y el miércoles de la semana pasada ya hubo manifestaciones de la oposición y de los sindicatos, que la consideran “liberticida” y “simple propaganda” de escaso efecto práctico, pero exhibición de una “furia ideológica”.
Meloni agita así una de sus banderas más reconocibles, el orden y la seguridad. De hecho, casi la primera iniciativa legal con la que se estrenó en 2022, para dar una señal del camino a seguir, fue la llamada ley rave, que castigaba con penas de tres a seis años de cárcel a quien organizase fiestas musicales en lugares que no son de su propiedad, pues se suelen celebrar en descampados o naves abandonadas. Se abrió entonces la larga gestación de un gran decreto de seguridad que apretara las tuercas en todos los frentes que componen el catálogo de prioridades de la extrema derecha italiana. De las protestas, a los inmigrantes, el cannabis light o los okupas.
Además, símbolo de las reivindicaciones más extremas, en la tramitación se coló una de las viejas obsesiones de La Liga: la castración química para agresores sexuales. La formación populista de Matteo Salvini consiguió que se apruebe al menos la formación de una comisión técnica que estudie una posible propuesta para inhibir el impulso sexual de los condenados, mediante fármacos, siempre que lo acepten voluntariamente. Si es así, conllevaría una suspensión condicional de la pena. Es una medida que se aplica en Rusia, Polonia y algunos países escandinavos, pero cuya eficacia también está en discusión.
Embarazadas, a la cárcel
Por eso también se critica el aumento de delitos de cárcel, con un sistema que ya no da más de sí. Es más, el nuevo decreto acaba con la salvedad de que las mujeres embarazadas o con niños menores de un año no vayan a prisión. Cuando se apruebe, deberán ir a la cárcel. Es una más de varias medidas hechas pensando en la inmigración irregular. Esta en concreto está específicamente diseñada para mujeres carteristas que practican pequeños hurtos, a quienes esta excepción les permite ser detenidas una y otra vez sin más consecuencias. También estas personas son el objetivo declarado de otro nuevo agravante, que un delito se cometa “dentro o en las inmediaciones de una estación ferroviaria o de metro”, o dentro de los vagones. El metro y las estaciones de Roma o Milán se han convertido en un foco de delincuencia que aparece frecuentemente en los medios.
CACTUS24 (01-10-24)
Giorgia Meloni , cárcel ,
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