El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) advirtió en una nota de prensa que se concretó el traslado de 700 detenidos después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, , quienes se encontraban en calabozos policiales de todo el territorio nacional y fueron llevados hasta las cárceles de Tocuyito y Tocorón.
Los movimientos inusuales se viralizaron a través de las redes sociales con desgarradoras imágenes en las que los familiares ven con terror cómo sus seres queridos, a quienes hasta la fecha no les permiten visitas ni la designación de sus abogados de confianza, son trasladados hacia cárceles sin previo aviso y a cientos de kilómetros de distancia.
El 25 de agosto trascendió, según la versión de los familiares, que un grupo de personas fueron ingresadas al Internado Judicial Capital “Yare III”, donde presuntamente les raparon el cabello y uniformaron con franelas y pantalones azules, para posteriormente ser trasladados en al menos 14 autobuses hacia el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como “Tocorón”; el Centro de Formación Hombre Nuevo Libertador, conocido como “Fénix Carabobo” y las instalaciones del desalojado Centro Penitenciario de Carabobo, conocido como “Tocuyito”.
El 27 de agosto también se reportaron traslados desde la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de San Francisco en el estado Zulia y desde la Dirección de Investigaciones Penales de la PNB en Barinas, hacia la región central del país donde se ubican las cárceles de Tocorón y Tocuyito. Una vez más les negaron información a los familiares sobre cuál sería el destino de sus parientes.
En tanto, el viernes 30 de agosto, familiares del estado insular Nueva Esparta denunciaron que en un avión trasladaron a un grupo de presos político hacia tierra firme en una clara violación al debido proceso. También se reportaron traslados desde los estados Táchira y Apure.
Hasta la fecha a ninguna de las personas trasladadas en los días anteriormente mencionados se les ha permitido el contacto con sus familiares ni la designación de sus abogados de confianza, por lo que desde el OVP están monitoreando y documentando la situación.
«Preocupa en gran medida que estas personas privadas de libertad no han sido sometidas a chequeos físicos ni psicológicos, aunado a que ni siquiera se han preocupado por la atención integral de las personas con enfermedades preexistentes y discapacidad», apunta la organización.
El OVP recuerda que la detención arbitraria tiene un impacto devastador en la salud mental de las víctimas, dejando secuelas que pueden durar toda la vida porque el aislamiento, la incertidumbre y el miedo constante generan altos niveles de ansiedad, estrés postraumático y depresión.
«Observamos con suma preocupación que los traslados a estos detenidos se llevaron a cabo con muchas irregularidades, incluso algunos bajo engaño, pues no les avisaron a sus familiares y muchos de ellos se enteraron cuando fueron a llevarles la comida a las comandancias policiales», detalla la nota de prensa del OVP.
Son muchos los familiares que han viajado a kilómetros de distancia, a pesar del costo económico que esto implica en un país azotado por la inflación y en ninguno de los penales antes mencionados hay una lista de trasladados. No hay quien les dé información sobre el paradero de su familiar, ni cuándo serán los días de visitas y bajo qué condiciones serán.
CACTUS24 (01-09-24)
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