El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, está citado a declarar este martes en la investigación a su esposa, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias, en un caso que desgasta políticamente al mandatario socialista.
Esta será tan solo la segunda ocasión en que un jefe del Ejecutivo español en activo declare ante un magistrado, luego de que lo hiciera en 2017 el conservador Mariano Rajoy, en un juicio por la financiación irregular de su Partido Popular (PP).
El juez Juan Carlos Peinado, un magistrado de 69 años a cargo del dosier, llegó al palacio de Moncloa, la residencia presidencial, a bordo de un automóvil azul poco antes de las 11H00 locales (09H00 GMT), constataron periodistas de la AFP.
Sánchez ha mantenido la inocencia de su esposa y ha enmarcado el asunto dentro de una campaña de la derecha y la extrema derecha para erosionar a su Gobierno.
Pero el caso ha emponzoñado la política española en la últimas semanas, con el PP, la principal formación opositora, pidiendo insistentemente la dimisión del mandatario socialista.
De todas maneras, para mostrar normalidad, Sánchez mantuvo su agenda este martes: dirigió un Consejo de Ministros por la mañana y en la tarde tiene previsto despachar con el rey Felipe VI en la isla balear de Mallorca.
Gómez es investigada por presunta corrupción en los negocios y tráfico de influencias por Peinado, quien abrió el dossier ante una denuncia de un colectivo cercano a la extrema derecha, Manos Limpias.
¿Guardará silencio?
La sesión con Sánchez podría no durar mucho si este declina responder, algo que la ley le permite, ya que en España ninguna persona está obligada a declarar en contra de su cónyuge.
Pero si decide mantener silencio, “políticamente puede quedar mal”, advirtió Bernardo del Rosal, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Alicante.
El juez rechazó la petición de Sánchez de explicarse por escrito y mantuvo la citación en persona.
Gómez, especialista en captar fondos para fundaciones y oenegés, se acogió a su derecho a no declarar cuando acudió al tribunal el 19 de julio.
Licenciada en marketing y con un máster en gestión, es sospechosa de haber aprovechado el cargo de su marido en sus relaciones profesionales, en particular con Juan Carlos Barrabés, un empresario español que obtuvo ayudas públicas y que también es investigado.
Barrabés -que da clases en un máster de la Universidad Complutense de Madrid dirigido por Gómez- admitió ante el juez haberse reunido con la esposa del presidente del Gobierno, cinco o seis veces en la Moncloa, dos de ellas en presencia de Sánchez.
Pero afirmó que esos encuentros se limitaron a tratar temas de innovación, según fuentes cercanas al caso.
“Más causas” que leyes
Peinado, quien prosigue con la investigación pese a dos informes de la Guardia Civil que no hallaron irregularidades y contra la opinión de la Fiscalía, que ha pedido el archivo del expediente, estará acompañado en el interrogatorio a Sánchez por una abogada del partido de extrema derecha Vox.
Sánchez “está absolutamente nervioso porque tiene que declarar ante el juez” y “no podrá hacer lo que hace en el Congreso de los Diputados, que es burlarse de quien le hace las preguntas, que es callar o que es mentir”, afirmó a periodistas Jorge Buxadé, europarlamentario de Vox.
El Gobierno insiste en que, a la vista de lo que ha arrojado la investigación hasta ahora, “no hay caso” contra Gómez.
Pero aunque el dossier pueda terminar archivado, “todo este ruido acaba por dañar la imagen” de Sánchez, apuntó Del Rosal.
Cuando se conoció la causa a finales de abril, Sánchez anunció sorpresivamente que estaba considerando renunciar. Tras cinco días de reflexión, decidió mantenerse en la Moncloa.
Llegado al poder en 2018, al Gobierno minoritario de Sánchez le ha sido difícil aprobar leyes en el Parlamento desde que fuera reelecto en noviembre, ya que depende de los votos a favor de una variedad de partidos regionales, entre ellos independentistas y nacionalistas.
Sánchez debe renunciar y convocar elecciones porque su Gobierno está sumido en una “parálisis”, criticó el lunes la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, quien lamentó que el Ejecutivo tenga “más causas abiertas por corrupción en los juzgados que leyes aprobadas en el Congreso”.
Cactus24 30-07-24
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