Miles de argentinos se manifiestan este miércoles por primera vez contra el Gobierno del ultraderechista Javier Milei y su duro recorte del gasto público en un clima de tensión.
Buenos Aires amaneció con un gran despliegue policial en los accesos a la ciudad y las estaciones de tren y este aumentó a medida que se acercaba el horario previsto de la manifestación, las 4:00 de la tarde.
Los alrededores de Plaza de Mayo, frente a la Plaza de Mayo fueron blindados con antidisturbios con un objetivo claro: evitar mediante el uso de la fuerza el corte de calles y garantizar la libre circulación.
Se trata de un giro de 180 grados en la respuesta estatal a los piquetes, una de las formas más comunes de protesta en Argentina, que consiste en bloquear calles y carreteras durante horas, a veces incluso días.
En las últimas décadas hubo una gran tolerancia hacia estas manifestaciones y en algunas de ellas participaron incluso el propio Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Sin embargo, la actitud del Gobierno de Milei no es una sorpresa. El control de la calle fue una de sus promesas de campaña y es la más popular, incluso entre aquellos que no son sus votantes.
El 65% de la población está de acuerdo con que el Gobierno garantice la libre circulación, según una encuesta del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Universidad de Buenos Aires realizada la semana pasada. Por el contrario, más del 50% se opone a otras promesas como la dolarización, la privatización de la petrolera estatal YPF, la desregulación del precio de los alimentos y combustibles y la eliminación de los subsidios a la energía y el transporte público.
La marcha de este 20 de diciembre fue convocada con semanas de antelación. La idea original era recordar, como todos los años, a las víctimas de la violenta represión que marcó el final del Gobierno de Fernando de la Rúa en 2001. Un total de 39 personas murieron y cerca de 500 resultaron heridas durante dos jornadas de protestas multitundinarias. Sin embargo, el plan de ajuste económico anunciado por Milei la convirtió en la primera protesta contra su administración.
El Gobierno hizo todo lo posible por disuadir a los manifestantes. Pidió evitar la participación de niños “para no exponerlos al calor y la violencia” y amenazó con retirar las ayudas sociales a aquellos que cortasen la calle.
La población más pobre quedó así atrapada entre dos extremos: las organizaciones sociales, que animaban a manifestarse, y el Gobierno, que advertía que no lo hiciesen y habilitó una línea telefónica para denunciar de forma anónima si los obligaban a asistir a la marcha.
Según fuentes oficiales, más de 9.000 personas llamaron para denunciar amenazas de las organizaciones sociales./El País.
Cactus24 (20-12-2023)
