El Gobierno de Venezuela mantiene una deuda millonaria con la Corte Penal Internacional (CPI), lo cual podría afectar a Venezuela, perdiendo su derecho a voto en la Asamblea que se desarrollará del 4 al 14 de diciembre.
El monto que Caracas adeuda es de 13,4 millones de euros, esto debido a que no cancela las cuotas desde noviembre de 2018.
Ante esto la organización venezolana de derechos humanos, Provea, lamentó que en vez de cancelar los compromisos, «El Gobierno de Maduro sí paga abogados europeos para evitar que siga la investigación por crímenes de lesa humanidad, Venezuela I».
La información sobre la deuda fue publicada en el informe financiero de la CPI con fecha del 15 septiembre 2023.
Provea explica que existe la posibilidad de que la semana entrante el Gobierno pida nuevamente una excepción para poder votar, como lo hizo el año pasado y le fue otorgada, reseñó El Tiempo.
En otras oportunidades, Caracas ha alegado que las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea le impiden cumplir con sus obligaciones financieras.
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