El fiscal uruguayo Alejandro Machado, tiene previsto citar a indagatoria al presidente, Luis Lacalle Pou, en el marco de la causa que investiga la presunta destrucción de documentos oficiales, con chats entre funcionarios que entregaron un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, informaron medios locales.
La pesquisa analiza las causas en las que se destruyeron conversaciones protocolizadas entre la ex vicecanciller Carolina Ache y el exsubsecretario de Interior Guillermo Maciel, en los que explican las circunstancias en las que habría sido expedido el documento oficial a Marset, cuando estaba detenido en Dubái, informaron MVD Noticias y Montevideo Portal, entre otros.
El otro citado por Machado podría ser el exasesor en comunicación de Presidencia, Roberto Lafluf, quien confirmó por teléfono a Ache que había destruido el documento en el que estaban protocolizados los chats.
El mandatario, por su parte, podría acudir a la citación de la Justicia a través de un escrito o recibiendo al equipo fiscal, tal como lo hizo con la exfiscal Gabriela Fossati, quien investigó el caso en torno al exjefe de custodia presidencial, Alejandro Astesiano, con condena por manejar influencias para expedir documentos oficiales.
Todos los cargos implicados renunciaron a sus puestos la semana pasada, incluidos el Ministro del Interior, Luis Heber, y el canciller, Francisco Bustillo.
Ache había renunciado en diciembre de 2022, luego de que se hicieran públicas las conversaciones que mantuvo con Maciel y que contradecían lo afirmado por las autoridades en la interpelación que le hizo el Parlamento.
Los mensajes demuestran que las autoridades estaban al tanto de que Marset era un peligroso narcotraficante cuando decidieron otorgarle un pasaporte oficial, que le permitió salir de la cárcel en Emiratos Árabes Unidos e iniciar su periplo de fuga de la Justicia.
Marset, buscado por varios países, es acusado de haber encargado el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, suscitado en Cartagena de Indias, norte de Colombia, en mayo de 2022.
El Gobierno uruguayo argumenta que la emisión del pasaporte es legal, ya que una ley permite a las personas privadas de libertad solicitar uno, pero no han sido despejadas las dudas sobre el procedimiento, en el que el abogado de Marset tuvo comunicación con Ache y otros altos funcionarios.
En rueda de prensa, el presidente uruguayo reconoció haber sido el organizador de una reunión en la que los funcionarios se pusieron de acuerdo sobre qué hacer con las conversaciones que se debían enviar a la justicia.
Sobre su participación en la reunión, Lacalle Pou dijo que tan solo pasó «a saludar» a los presentes y afirmó no haber sido parte del cónclave.
También minimizó la destrucción de documentación, diciendo que no era un expediente, sino una hoja «protocolizada por un escribano».
El presidente aseguró que ninguno de los funcionarios hizo nada ilegal, pero que será la justicia la que lo determine.
Cactus24 08-11-23
