El condado de San Diego, sur de California, se declaró en emergencia por la «crisis humanitaria» provocada por la liberación en las últimas semanas de más de 8,000 inmigrantes por parte de la Patrulla Fronteriza luego que fueran hallados y procesados en la frontera.
La Junta de Supervisores del Condado de San Diego acordó la medida por unanimidad al considerar la escasez de recursos federales para los solicitantes de asilo como una crisis humanitaria.
Los inmigrantes esperan en libertad la resolución de sus casos de deportación en los tribunales de inmigración donde están siendo procesados bajo el Título 8 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) en el marco del debido proceso migratorio.
En la audiencia ante un juez, los extranjeros podrán pedir asilo. En caso se los nieguen, recibirán una orden de deportación. Los procesos judiciales, sin embargo, pueden demorar semanas incluso meses debido al atasco en la Oficina de revisión de casos de Inmigración (Corte de Inmigración, EOIR).
La declaración de emergencia
En la declaratoria de emergencia, los supervisores del condado de San Diego solicitaron:
- Recursos y personal federal para gestionar inmigrantes liberados a efecto que acudan a su cita ante un juez de inmigración;
- Ayudarlos con sus peticiones de asilo que serán presentadas en la audiencia de deportación;
- Conectarlos con sus patrocinadores y destinos finales. El propósito es evitar que sean liberados en las calles de San Diego;
- La junta además se opone a los traslados laterales de solicitantes de asilo desde otros estados o jurisdicciones;
- Ordena a la Oficina de Asuntos de Inmigrantes y Refugiados del condado que envíe una carta detallada que describa las necesidades específicas de las organizaciones no gubernamentales locales y las comunidades afectadas a la delegación federal de San Diego;
- Aboga por fondos federales para desarrollar una solución a largo plazo, incluyendo una instalación permanente y apoyo operativo cuando los solicitantes de asilo sean liberados en el condado;
- Ordena a la Oficina de Asuntos de Inmigrantes y Refugiados que continúe trabajando con gobiernos y organizaciones no gubernamentales en objetivos a corto y largo plazo para la comunidad fronteriza permanente.
