Yorbelis Oropeza, esposa de uno de los seis dirigentes sindicales y sociales detenidos y Eduardo Torres abogado defensor, expresan profunda preocupación por la sentencia dictada por la Juez del Tribunal 2° de terrorismo, Grendy Duque, en Venezuela, en la cual se condena a 16 años de prisión a los detenidos sin pruebas contundentes y sin la comparecencia del denunciante.
“La imparcialidad y el respeto a los derechos humanos son principios fundamentales en cualquier proceso judicial. Es alarmante que se haya dictado una sentencia sin pruebas y sin hechos concretos que respalden las acusaciones contra los 6 luchadores sociales”, recuerdan los denunciantes.
Además alegan que el derecho a la libertad sindical está protegido por el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual establece la importancia de garantizar la libertad de asociación y el derecho de los trabajadores a formar y afiliarse a organizaciones sindicales de su elección.
Frente al Ministerio Público en Caracas, Oropeza y Torres, afirmaron que la persecución y el encarcelamiento de disidentes van en contra de los principios establecidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, específicamente en el Artículo 7, el cual prohíbe los actos de persecución por motivos políticos.
Estos voceros instan a las autoridades competentes a revisar este caso y garantizar un proceso justo y transparente, respetando los derechos fundamentales de los acusados. Es esencial que se respete el debido proceso y se brinde la oportunidad de presentar pruebas y evidencias que respalden las acusaciones.
CACTUS24 01-08-23
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