La justicia española anunció el jueves que esperará a que la europea se pronuncie definitivamente sobre la situación de Carles Puigdemont antes de reactivar la orden de detención internacional del ex líder independentista catalán, refugiado en Bélgica desde 2017.
La decisión se produce después de que las elecciones parlamentarias generales del 23 de julio convirtieron a Puigdemont, de 60 años, y su partido, Junts per Catalunya, en árbitros de la política española.
El socialista Pedro Sánchez necesita el apoyo o abstención de sus siete diputados para volver a ser presidente del gobierno.
El juez español Pablo Llarena no reactivará «las euroórdenes y órdenes internacionales de detención» hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no descarte restablecer «cautelar y provisionalmente» la inmunidad a Carles Puigdemont y su consejero Toni Comín, en tanto que eurodiputados, informó la justicia española en un comunicado.
El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) desestimó el 5 de julio restablecer la inmunidad parlamentaria de Puigdemont y Comín que les había retirado el Parlamento Europeo a petición de España, pero esta decisión puede recurrirse ante el TJUE hasta el 15 de septiembre.
La razón esgrimida por el juez Llarena para no pedir las detenciones, tal y como le solicitó la fiscalía, es que «cualquier euroorden que se emita en el estado actual del procedimiento quedaría inmediatamente paralizada» si el TJUE concediera las medidas de amparo.
Las justicias de Bélgica, Alemania e Italia estudiaron la extradición de Puigdemont a solicitud de España, cuando este estuvo en esos países, pero ésta no se materializó por diversos motivos.
El líder independentista está procesado en España por malversación de fondos públicos y desobediencia. La justicia española tuvo que retirarle en enero el cargo de sedición, que le podría haber acarreado una pena mayor en caso de ser finalmente juzgado, tras una reforma del Código Penal que suprimió este delito.
El gobierno regional secesionista que dirigía Puigdemont en Cataluña trató de separarse de España en 2017 organizando un referéndum de autodeterminación, prohibido por la justicia, al que después siguió una efímera declaración unilateral de independencia por parte del parlamento regional.
Madrid suspendió entonces la autonomía de esta rica región del noreste de España, mientras los líderes independentistas eran arrestados o se marchaban al extranjero.
Nueve de ellos fueron condenados a penas de hasta 13 años de prisión en 2019, antes de que el gobierno de Sánchez les indultara en 2021.
Cactus24 27-07-23
