El tribunal de apelaciones de La Haya declaró sin lugar un recurso intentado por una transnacional de la fabricación de productos de vidrio contra cinco entidades asociadas al gobierno venezolano, a propósito de una deuda contraída por el impago de las expropiaciones de dos plantas industriales.
La corte integrada por tres magistrados desechó la apelación de Owens-Illinois contra una decisión de primera instancia, que rechazó su pretensión de cobrar lo adeudado por Venezuela mediante acciones contra bienes de Petróleos de Venezuela ubicados en el extranjero.
En concreto, la transnacional estadounidense intentó establecer un nexo entre el régimen venezolano y Petróleos de Venezuela, Bariven, Pdvsa Servicios, Pdv Europa y Propernyn. A través de esta última filial, la estatal venezolana adquirió refinerías y muelles para el trasvase de crudo en Aruba, Curazao y Bonaire.
La pretensión tiene su origen en que, hasta el presente, Owens no ha podido cobrar al gobierno venezolano más de 402 millones de dólares, a los que tiene derecho por sentencia del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), una entidad adscrita al Banco Mundial especializada en arbitrar este tipo de disputas.
En marzo de 2015, el Ciadi dictaminó la ilegalidad de las expropiaciones de dos plantas para la fabricación de productos de vidrio pertenecientes al reclamante: Owens-Illinois de Venezuela y la Fábrica de Vidrios Los Andes (Favianca). Inicialmente, el monto fijado para resarcir el daño a la transnacional fue de 372,4 millones de dólares. Pero con el pasar de los años, se han sumado millones de dólares en intereses.
En una primera sentencia, emitida en febrero de 2022, el juzgado de los Países Bajos rechazó el argumento de que se podía establecer una identificación plena entre el gobierno venezolano, Pdvsa y sus filiales registradas en la nación europea, aunque la estatal petrolera no haya sido responsable por la expropiación de las fábricas.
“La cúpula de la empresa está formada en su totalidad por compañeros de partido del Presidente de Venezuela. Los bienes de PDVSA son utilizados por Venezuela para fines públicos y PDVSA no solo opera como una empresa petrolera, sino que también se presenta (aparentemente) como un organismo de gobierno con su propia agenda pública”, afirmó la reclamante.
Owens argumentó que, al verse incapacitada para llegar a los bienes de Pdvsa en territorio nacional, la indemnización debería concretarse mediante la plena identificación entre esta empresa, el gobierno y las firmas como Propernyn y Pdv Europa, inscritas en La Haya. Esto indicaría que conforman un mismo grupo, tal y como lo dispone la Ley Orgánica de Hidrocarburos venezolana./ Alberto News
