Las playas de Chichiriviche, en el municipio Monseñor Iturriza del estado Falcón, parecen destinadas a clases privilegiadas, de acuerdo a una queja colectiva según la cual, le salieron dueños a la playa y se repartieron las costas amparados en el hecho de ser quienes pagan impuestos.
Playa Norte es el sitio más exclusivo para quienes tienen divisas o bolívares digitales. Quien desee bañarse en ellas, debe pagar su uso y hasta servicios.
Fuentes familiarizadas con el asunto, aseguran que los otrora espacios públicos, ahora están delimitados con cercas o paredes y que para acceder hay que «bajarse de la mula», dicho a lo criollo.
Creen quienes se quejan, que tanto la alcaldía como el Ministerio de Ambiente y el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA) les cabe responsabilidad toda vez que, a pesar de la situación ser pública y expuesta en el portal Chichiriviche Sin Mordaza, toleran esto solo por el hecho de que los «propietarios» son quienes limpian, mantienen las playas y pagan impuestos.
Expresan que por acceder a estos espacios como turistas les quieren cobran además del uso, el consumo de algún servicio, lo que va en detrimento de temporadistas locales y aquellos que, con bajos recursos, eligen a Chichiriviche como destino turístico.
Sobre si eso es legal o no, los afectados encontraron en la Ley Penal del Ambiente un artículo, el 62, que les da la razón a los turistas y obliga a levantar la privatización.
El artículo versa sobre la dificultad de acceso a playas y establece que «la persona natural o jurídica que impida o dificulte el acceso a las playas con muros, barreras u otros obstáculos, será sancionada con arresto de cuatro a ocho meses o multa de cuatrocientas unidades tributarias (400 U.T.) a ochocientas unidades tributarias (800 U.T.)».
El mismo artículo «ordena al infractor a realizar lo necesario para que pueda ser restablecido el libre acceso a las playas y se señalará un plazo para ello».
Costeños denuncian que «estas personas se están agarrando estos espacios y con intención de convertirse dueños y terratenientes de estas zonas que no les pertenecen».
Cuentan que un lanchero estaba recogiendo temporadistas para un viaje, cuando salió una de las dueñas de playa con un escándalo, prohibiendo el viaje de excursión y que incluso llamó a la policía. Lo que habría alegado la «dueña» de esa parte de la orilla es que, el lanchero no podía buscar turistas y hacer viajes porque era ella quien pagaba impuestos y no él.
Esto ha sido una constante de varios dueños de posadas y hoteles que estarían vendiendo paquetes turísticos manejando sus espacios como playas privadas.
CACTUS24 20-06-23
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