En medio de una abrumadora cobertura mediática, cruce de declaraciones y acusaciones, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, rompió el silencio sobre un hecho que esta semana copó titulares: el caso del polígrafo.
El asunto, que se destapó por la denuncia de una supuesta prueba ilegal de polígrafo, involucra a la jefa del Despacho de Petro, Laura Sarabia; al embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, y a algunos miembros de inteligencia de la Policía Nacional.
Aparentemente, la ahora exniñera del hijo de Sarabia habría sido sometida al detector de mentiras tras la desaparición de 7.000 dólares. La mujer expuso la situación en la Revista Semana, de clara tendencia opositora, por lo que el escándalo escaló hasta tocar al mandatario colombiano.
¿Qué pasó?
Lo que comenzó como una entrevista exclusiva del medio opositor Semana a Marelbys Meza, la exniñera del hijo de Sarabia, ha llegado hasta una investigación abierta en la Fiscalía por supuestas intervenciones telefónicas ilegales.
Meza se desempeñaba como niñera en la casa de Sarabia cuando desaparecieron 7.000 dólares, según escribió la jefa del Despacho en un tuit. Por ello, se le practicó una prueba del polígrafo, junto a otros trabajadores, para determinar si era responsable o no del hurto.
Tras conocerse esa primera información, tanto la Fiscalía como la Procuraduría informaron que abrirían una investigación contra Sarabia por «abuso de poder». A pesar de que iban y venían acusaciones, el mandatario, que se encontraba en Brasil, no sentó una posición publica en ese momento.
A mitad de la semana hubo un giro en el mediático caso. La revista Cambio publicó que la exnana había sido interceptada ilegalmente por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN). Además, se conoció que el embajador de Bogotá en Caracas también habría tenido una participación protagónica en los hechos.
Petro niega escuchas ilegales
Este viernes, finalmente, el mandatario se pronunció públicamente durante la ceremonia de ascenso a subtenientes ‘Curso General Jorge Duarte Blum’, en Bogotá.
Petro ratificó, como lo había expresado horas antes en un par de trinos, que su Gobierno no ordenó «ni una sola interceptación telefónica ilegal ni a ilustres funcionarios ni a personas humildes» y expresó que las puertas del Palacio de Nariño estaban abiertas para cualquier investigación. «No tenemos ningún susto ni problema».
Del mismo modo, defendió a Sarabia, «su mano derecha» y dijo que nadie se había detenido a pensar que eran una «joven mujer recién parida» a la que le sucedió un «hecho en su vida doméstica, que la hizo sentir en la zozobra», por lo que reaccionó «dentro de la ley».
El polígrafo
Confirmó el uso del polígrafo, que según él se habría adquirido durante el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), bajo normas que expidió una sentencia de la Corte Constitucional y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Dijo que esta tipo de pruebas se hacen de manera consensuada a personas que gozan de «libertad plena», ante una «sospecha». «Y eso es lo único que pasó».
«No son procesos judiciales como falsamente se afirmó en la prensa, se les llama procesos de confianza, porque las personas están en un alto grado de vulnerabilidad, porque hacen parte del Comité de Seguridad Nacional», agregó.
«Si en mi casa se perdiera un papel de inteligencia, reservado, yo también tendría que hacer lo mismo con todas las personas que me rodean porque necesitaría la máxima confianza sobre lo que le pase a la nación si un documento llega a manos de organizaciones criminales», explicó.
«Cualquier ‘chuzada’ el ilegal
Más temprano, Petro negó que su Gobierno hiciera interceptaciones ilegales y anunció que en las próximas horas informará al país las decisiones que ha tomado sobre el caso del polígrafo.
Para Petro, es «de tamaña irresponsabilidad» acusarlo de orquestar escuchas ilegales, conocidas en Colombia como ‘chuzadas’. «Ningún miembro del Gobierno ha dado ninguna orden de interceptaciones telefónicas», agregó.
En otro trino, el mandatario aseveró que «cualquier chuzada ilegal, se trate de un funcionario encumbrado o del ser más débil económicamente», es una violación a los derechos humanos.
Durante su discurso, el mandatario anunció que Sarabia y Benedetti se retirarán de su Gobierno para evitar que exista «desconfianza de que se van a alterar los procesos de investigación».
¿Cómo fueron las ‘chuzadas’?
El fiscal Francisco Barbosa informó a los medios que a Meza y a otra trabajadora de limpieza se les levantó un informe falso, en el que las hicieron pasar por integrantes del Clan del Golfo, para que la DIJIN pudiera activar las escuchas. La primera tenía el alias de ‘La Cocinera’ y la segunda el de ‘La Madrina’.
Tras las interceptaciones, fueron trasladas en un carro, «como si estuviéramos con la Gestapo en Colombia» –agregó Barbosa– y se les practicó la prueba del polígrafo, «que nada tiene que ver con la seguridad nacional».
«Tiene que descubrirse quién dio la orden»
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, calificó lo ocurrido como un «hecho lamentable» y recordó que algunos integrantes del Gobierno de Petro, incluido él, sufrieron interceptaciones ilegales en el pasado «con un mecanismo muy similar al que ahora se está revelando».
«La instrucción es que tiene que descubrirse quién dio la orden», afirmó. Por eso, instó a la Fiscalía a adelantar «con toda prontitud la investigación que está en curso», en conjunto con la Policía Nacional.
«Este Gobierno no tolera las interceptaciones ilegales», enfatizó el titular de la cartera de Defensa. Y agregó: «Aquí no vamos a ocultar a nadie, no vamos a proteger a nadie, si no sabemos la verdad, hay siempre la posibilidad de repetición de los hechos».
Una historia de «chuzadas«
Las interceptaciones telefónicas en Colombia han estado presentes en la vida política desde décadas recientes. En 2009 se destapó uno de los escándalos de operaciones ilegales de espionaje más sonados durante el Gobierno de Álvaro Uribe. En esa oportunidad, se acusó al desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de hacer ‘chuzadas’ a políticos opositores, entre ellos Petro, así como a periodistas y magistrados.
A principios de año, además, se señaló a la Administración del expresidente Iván Duque de realizar escuchas de los miembros de campaña del líder del Pacto Histórico, antes de las elecciones de 2022, en los llamados ‘Petrovideos’.
Otra investigación de Semana arrojó en 2020 que algunas unidades del Ejército de habían hecho escuchas de conversaciones de periodistas, políticos, magistrados y altos mandos de la Fuerza Armada, entre febrero y diciembre de 2019, también en el Gobierno de Duque.
Divergencias entre la Fiscalía y la Policía
El ente acusador publicó un comunicado en el que cataloga de falsa la información dada por la Policía sobre las fechas de las interceptaciones.
Mientras, el cuerpo policial maneja el 26 de enero como fecha de inicio de las ‘chuzadas’, que se habrían extendido por tres días, según esta versión. El Ministerio Público sostiene que se hicieron a partir del 31 de ese mes, un día después de que Sarabia denunciara el robo del dinero, y que duraron nueve días.
Hasta ahora, serán citados por el ente acusador Benedetti, Sarabia y miembros de la Policía y personal de inteligencia.
Cactus24 02-06-23
