El caso «Barba Roja», bautizado así por Cactus24 y Versión Morón por ser este el nombre del club de Dabajuro donde se originó el abuso policial contra los hermanos Ricardo y Rivaldo, ya tiene veredicto preliminar tras la audiencia que se celebró este jueves desde las 10:00 de la mañana hasta la 1:45 de la tarde en el Circuito Judicial Penal del estado Falcón, en la avenida Ramón Antonio Medina de Coro.
La medida fue de arresto domiciliario para cinco policías regionales que estaban de guardia el día de los hechos y privativa de libertad para dos funcionarios quienes en plena audiencia fueron identificados y señalados por las víctimas como responsables de la agresión y abuso policial tras la cual, Rivaldo llegó a estar recluido de gravedad en el Hospital de Coro.
Las medidas contra los siete policías, a solicitud del Ministerio Público, fueron acordadas por la juez del Tribunal Segundo de Control. La asistencia de las víctimas estuvo a cargo del abogado Alexis Prieto.
Valga recordar que Rivaldo José Gómez Piña, de 20 años, estuvo hospitalizado producto de la golpiza y batazos que dice haber recibido de unos policías en el comando ubicado en la avenida Diosgracia Gutiérrez de Dabajuro., al occidente del estado Falcón.
El caso fue inicialmente expuesto en la Oficina de Investigación a las Desviaciones Policiales (OIDP) donde se señala que el atropello ocurrió el domingo 23 de abril frente al local Barba Roja.
Según Rivaldo, salió a revisar que su moto estuviera donde la había dejado y cuando se disponía a regresar vio a su hermano Ricardo, en el suelo, sometido por unos policías. Al preguntar las razones, también lo obligaron a tirarse al suelo y luego se lo llevaron en un carro hasta la sede policial, trayecto durante el cual dice que lo golpeaban.
En la sede policial le dieron otra golpiza, puntapiés y con un bate lo golpearon en las piernas, espalda, tórax y el cráneo, dejándolo dejando en boxer, desmayado y encerrarlo en la celda hasta la mañana del lunes cuando lo soltaron después de su padre Oswaldo llegar por él.
Familiares había exigido una investigación tanto a la Oficina de Investigación a las Desviaciones Policiales (OIDP) como al Ministerio Público por privación ilegítima de libertad, abuso policial, trato cruel y lesiones.
CACTUS24 01-06-23
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