El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó el Decreto Ejecutivo 730, mediante el cual autoriza a las Fuerzas Armadas del país suramericano para ejecutar operaciones que les permitan «enfrentar y contrarrestar a las personas y organizaciones terroristas».
Mediante ese decreto, de apenas cinco artículos, el mandatario ordena al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas «iniciar, de manera inmediata, las acciones correspondientes para reprimir la amenaza terrorista, con todos los medios a su disposición, en coordinación con la Policía Nacional».
Esas acciones, establece el documento, se llevarán a cabo «en todo o en parte del territorio nacional».
En el mismo decreto, en su tercer artículo, el mandatario instruye al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) a «tomar estrictas previsiones de seguridad para el personal militar y policial» que, como resultado de las operaciones antiterroristas, «sean sometidos a procesos judiciales penales». Al respecto, Lasso pide a esa institución «garantizar su integridad» en las prisiones.
En los dos artículos restantes, Lasso encarga al Ministerio de Economía que «asigne los recursos necesarios» para atender los requerimientos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en este asunto; y exhorta a todas las funciones del Estado, para que de manera coordinada, apoyen en la lucha contra el terrorismo, «respetando la independencia de poderes».
De la ejecución del decreto se encargarán la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado, los ministerios de Defensa e Interior, así como el SNAI.
¿Armas letales?
La emisión de este decreto, informó la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, se da en cumplimiento a la resolución del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), que se reunió el pasado 27 de abril, liderado por Lasso.
Ahí, aunque el decreto reciente no sea tan específico, se recomendó al mandatario la emisión de un documento «estableciendo medidas coercitivas, urgentes y eficaces, que incluyan el empleo de armas letales para combatir esta grave amenaza que afecta al pueblo ecuatoriano».
La recomendación se dio tras resolver declarar el terrorismo «como amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado» y, por consiguiente, «a su seguridad integral».
Asimismo, declararon que «la amenaza terrorista va a ser enfrentada de manera firme», con la participación de todas las funciones e instituciones del Estado.
El Cosepe, según la Ley de Seguridad Pública y del Estado, es una instancia que está conformada por el presidente y vicepresidente del país, los titulares de la Asamblea Nacional y de la Corte Nacional de Justicia, los ministros de Defensa, de Gobierno y de Relaciones Exteriores, así como por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el comandante general de la Policía.
Cactus24 04-05-23
