El canal de noticias digital Vice World News publicó este 6 de abril un reportaje en el que hace referencia que la tragedia del 27 de marzo en el centro de detención de inmigrantes en Ciudad Juárez, México, ocurrió porque las personas que estaban detenidas no “pudieron, o no pagaron, un soborno de 200 dólares a los guardias de seguridad para que los liberaran”.
Las víctimas mortales fueron 40, 39 adentro del centro de detención, uno más en un hospital. De ese total, entre los muertos hay seis hondureños, siete salvadoreños, 19 guatemaltecos los que perecieron siete venezolanos, y un colombiano.
El incendio comenzó porque un migrante inconforme, inició el fuego en protesta porque los guardias no les dieron comida ni agua durante 10 horas. Les pedían dinero a cambio de dejarlos irse, según Vice World News.
Incluso, la noche del incendio, según la denuncia, también vendían cigarrillos, encendedores y drogas de todo tipo a los migrantes detenidos en el centro.
De acuerdo con la investigación de Vice World News, “tres sobrevivientes y dos guardias en las instalaciones dijeron que la cárcel de inmigrantes era un centro de extorsión de facto, donde solo los inmigrantes con los medios para pagar eran liberados. Otros tendrían que permanecer allí y ser enviados a la Ciudad de México o deportados a su país de origen”.
“Si por casualidad te arrestaban y te retenían en esta cárcel, solo había dos formas de salir. O transferías $200 o te devolvían a tu país”, dijo al medio digital Vice World News, Joan, un migrante venezolano que asegura haber pagado para salir del centro de detención. “Pidió ocultar su apellido por temor a represalias”, citan.
Joan, de 28 años, estuvo encerrado en el centro durante cuatro horas el mismo día del incendio. Escapó de la muerte porque su familia en Venezuela transfirió el dinero antes de las 19 horas. “Ese es el plazo que comentó que le dieron los guardias para depositar el dinero o ser deportado al día siguiente”, agregan.
De acuerdo con la pieza periodística “los familiares de los inmigrantes detenidos depositaron los pagos de la extorsión en las cuentas bancarias personales de los guardias de seguridad privada para evitar que el dinero fuera a parar a los funcionarios mexicanos”.
Esos detalles los dieron dos guardias de seguridad que trabajaban en el centro de detención. Ellos dijeron que “las ganancias luego se repartían entre quienes administraban el esquema, incluido el personal del Instituto Nacional de Migración de México”.
“Cada migrante pagaba entre $200 y $500 para ser liberado”, expresó un guardia que trabajó en las instalaciones durante cuatro años, incluida la noche del incendio.
Pidió permanecer en el anonimato para evitar represalias. “Cerramos las puertas a las 7 pm y si pagaban antes, los dejábamos salir. De lo contrario, eran deportados a sus países o enviados a la Ciudad de México”, expresó al medio Vice World News.
De acuerdo con Vice World News “Tanto los oficiales del INM como los guardias supuestamente dirigieron la operación basada en transferencias electrónicas para estafar y extorsionar a los migrantes detenidos, según una denuncia oficial”, cita el reporte del medio.
El gobierno de México canceló el contrato con la empresa Grupo de Seguridad Privada Camsa, que lo habían adjudicado en forma directo por un mínimo de 76 millones de pesos mexicanos (poco más de 35 mil quetzales) y un máximo de 190 millones (poco más de 90 mil quetzales).
De acuerdo con Vice World News, Jorge Vázquez Campbell, director del Colegio de Abogados Defensores de Refugiados de Ciudad Juárez, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República en nombre de los familiares de los migrantes fallecidos, acusando de extorsión a los directivos del INM y su oficina regional, divulgó PrensaLibre.
CACTUS24 10-04-23
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