Francia vive este miércoles una nueva jornada de protestas contra la impopular reforma de las pensiones del presidente liberal Emmanuel Macron, que parece a punto de sacarla adelante pese a las semanas de contestación.
Los sindicatos convocaron un nuevo día de huelga y de manifestación el mismo día en que siete diputados y siete senadores deben consensuar un texto único para la reforma, un paso clave de cara a su posible adopción el jueves.
«Es un día importante para derrotar esta reforma injusta. La movilización de los trabajadores debe interpelar a los diputados. Seamos numerosos en las calles», tuiteó la víspera Laurent Berger, líder del sindicato CFDT.
Dos de cada tres franceses se oponen al plan de Macron de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y de adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42, como ahora) para cobrar una pensión completa.
Pese a la masiva movilización –el 7 de marzo, entre 1,28 millones y 3,5 millones de personas manifestaron–, el gobierno se mantuvo firme en su plan que busca, a su juicio, evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones.
Además, desde la semana pasada, los sindicatos se sumieron en una huelga prorrogable en sectores clave como la energía y el transporte, y cuya imagen más espectacular son las toneladas de basura acumuladas en las calles de París.
Sin embargo, la movilización perdió fuerza en los últimos días, a medida que el escenario de su adopción se acerca y que los franceses tienen cada vez más claro que esta se aplicará (un 80%, según un sondeo reciente de Elabe).
Aunque el servicio de trenes y el transporte público de París sigue perturbado, el ministro de Transportes, Clément Beaune, descartó que se viva una «jornada negra».
Sólo un 20% de los vuelos se anularon en el aeropuerto de Orly.
En el sector de la energía, más movilizada, se esperan nuevas caídas de producción eléctrica y que continúe el bloqueo de la expedición de combustible en la mayoría de refinerías. Los cuatro terminales metaneros siguen en huelga.
La sombra del 49.3
Las miradas y la presión están puestas ahora en el Parlamento.
La adopción de un texto conjunto este miércoles por la comisión mixta de 14 senadores y diputados se da por hecho. El oficialismo y la oposición de derecha favorable al texto son mayoría.
Sin embargo, la incertidumbre planea sobre si el proyecto de ley resultante recabará la mayoría necesaria el jueves en la Asamblea Nacional (cámara baja). El Senado (cámara alta) debe también dar su visto bueno final ese día.
El ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, se dijo el martes «convencido» de que ese proyecto de reforma logrará una mayoría en el Parlamento, pese a que algunos diputados oficialistas y de derecha advierten que por ahora no lo votarán.
El gobierno aumentó la presión sobre estos, a la espera de no tener que activar otro polémico procedimiento parlamentario en la Asamblea para adoptar esta reforma clave para Macron y para el resto de su segundo mandato que corre hasta 2027.
Conocido como el 49.3, este mecanismo permite al gobierno superar el trámite en la Asamblea sin someter la reforma a votación. La única manera de frenar su adopción es que los diputados presenten y adopten una moción de censura que obliga a la renuncia del gobierno.
El politólogo Gilles Finchelstein, de la Fundación Jean Jaurès, considera que activar el 49.3 sería una «derrota» para el gobierno y para el presidente francés, aunque considera que lograrán finalmente la mayoría necesaria.
Los sindicatos ya han empezado a reflexionar sobre los pasos a seguir en caso de adopción de la reforma. Por ahora, piden someterla a una «consulta ciudadana», al estimar que carece de legitimidad democrática por el rechazo popular.
Cactus24 15-03-23
