Las autoridades brasileñas empezaron rápidamente a lanzar investigaciones y medidas judiciales desde la noche del domingo, luego del asalto de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro al Congreso, el palacio presidencial y la Corte Suprema, en un ataque condenado por la comunidad internacional.
En unos incidentes que recuerdan los ataques al Capitolio en Washington, hace dos años, por simpatizantes del entonces presidente estadounidense Donald Trump, miles de bolsonaristas traspasaron las barreras policiales y penetraron las sedes del poder en Brasilia, destrozando ventanas y vandalizando oficinas.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que había ido a Araraquara, en el estado de Sao Paulo (sureste), para observar los desastres causados por inundaciones recientes, volvió en la noche del domingo a Brasilia para constatar los daños en el palacio presidencial y el máximo tribunal.
«Los golpistas que promovieron la destrucción del patrimonio público en Brasilia están siendo identificados y serán castigados», escribió en Twitter.
«Democracia siempre», añadió el mandatario, que seguirá trabajando este lunes desde el palacio presidencial pese a los destrozos.
Los disturbios, que dejaron al menos 300 personas detenidas, según informó la Policía Civil del Distrito Federal, provocaron una primera respuesta de las instituciones brasileñas.
Fiscalía general solicitó abrir investigaciones
La Fiscalía general solicitó abrir inmediatamente investigaciones que lleven a la «responsabilización de los involucrados» en los ataques contra las sedes de los poderes en Brasilia.
El gobernador del distrito de Brasilia, Ibaneis Rocha, aliado de Bolsonaro, pidió disculpas a Lula y calificó a los responsables de «verdaderos terroristas».
«En ningún momento pensamos que estas manifestaciones tomarían tales proporciones», afirmó.
Rocha despidió al jefe de seguridad de la capital, Anderson Torres, que había sido ministro de Justicia de Bolsonaro.
Pero a su vez el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ordenó a Rocha apartarse por 90 días de su cargo.
La Abogacía General de la Unión (AGU) pidió al Supremo Tribunal Federal (STF) ordenar el arresto de Torres y «otros agentes públicos responsables por acciones u omisiones», según varios medios locales.
Moraes también ordenó la desocupación total «en 24 horas» de los campamentos levantados frente a cuarteles militares por seguidores de Bolsonaro descontentos por su derrota ante Lula en el balotaje presidencial del 30 de octubre.
A lo largo del día, una marea humana vestida de amarillo y verde, colores de la bandera nacional pero cooptados por los bolsonaristas, ocupó las sedes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la capital brasileña (centro).
Los bolsonaristas pedían una «intervención militar» para desandar el gobierno de Lula, inaugurado hace una semana como presidente de Brasil por tercera vez, luego de gobernar la primera economía latinoamericana entre 2003 y 2010.
Cactus24 09-01-23
