Un juez federal dictaminó este martes que el gobierno estadounidense no puede recurrir a la norma sanitaria que usa para bloquear la entrada de migrantes que solicitan asilo en las fronteras terrestres.
Emmet Sullivan estima que el llamado Título 42, que se ha utilizado para expulsar a cientos de miles de personas que cruzan la frontera desde México, es una medida «arbitraria» que viola las normas federales.
Instaurado al inicio de la pandemia bajo el gobierno de Donald Trump, el Título 42 habilita la expulsión de adultos solteros y familias que crucen sin autorización las fronteras terrestres de Estados Unidos para frenar el avance del virus.
El fallo deja al gobierno con pocas herramientas para impedir la entrada de migrantes en la frontera sur con México, la mayoría de los cuales piden asilo.
En respuesta a la decisión, el Departamento de Seguridad Nacional presentó una moción solicitando que la decisión del martes se suspenda por cinco semanas, hasta la medianoche del 21 de diciembre, enfatizando que se trataría de una medida transicional.
Transición ordenada
«El retraso en la implementación de la orden de la corte le permitirá al gobierno prepararse para una transición ordenada hacia nuevas políticas en la frontera», explicó el departamento en un comunicado.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos dio cuenta de 185.527 migrantes interceptados a lo largo de la frontera con México en octubre, un aumento del 1,5 por ciento en un mes. Muchos, si no la mayoría, fueron rechazados por el Título 42.
El número de migrantes de Venezuela, Cuba o Nicaragua que intentan cruzar la frontera terrestre ha aumentado un 149 por ciento con respecto a octubre de 2021, mientras que el de los procedentes de México y el norte de Centroamérica bajó 12 por ciento desde esa fecha, según datos oficiales.
Sullivan también ordenó que el gobierno no pueda solicitar que se suspenda el fallo para bloquear su aplicación, lo que significa que las autoridades tendrán que apelarlo ante un tribunal superior si quieren que siga vigente.
El fallo se basó en una demanda presentada en enero por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que acusa al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a la Patrulla Fronteriza de «expulsión sumaria» de familias vulnerables que buscan asilo y que no muestran signos de infección por covid.
Cactus24 16-11-22
