Pedro Mora huyó de Venezuela cuando tenía 18 años. En Chile vivió cuatro años y de ahí partió el pasado 17 de septiembre a Colombia rumbo a Estados Unidos, travesía en la que cruzó la peligrosa selva de Darién con familiares.
«La mayoría de los migrantes en la selva eran venezolanos, pero también había afganos, chinos, haitianos, mujeres embarazadas, con niños y familias enteras», cuenta.
Una vez en Panamá, se registró en un campamento de la ONU que describió como «una prisión». Luego continuó en autobús a través de Costa Rica y Nicaragua, y posteriormente viajó en barco a Oaxaca, México, y por tierra de nuevo a El Paso, Texas, en Estados Unidos. El viaje completo duró 21 días.
Allí, Pedro se entregó a la patrulla fronteriza estadounidense con una solicitud de asilo el 8 de octubre. Pero en vez de lograr el reencuetro con su familia en Estados Unidos, pasó cinco días en centros de detención repletos antes de que a él y a otros 180 venezolanos les pusieran grilletes, los subieran a un avión y los dejaran en un puente en Brownsville, Texas, con la orden de regresar a territorio mexicano. Sin tarjeta de deportación ni ningún tipo de papeleo, habían sido expulsados a México. «Nos engañaron», dice Mora con amargura.
Violación del derecho internacional
«Cuando solicitas asilo, el gobierno de Estados Unidos debería recibir tu solicitud y permitir que sea revisada por funcionarios de inmigración para evaluar tu petición», explica Tyler Mattiace, investigador de México para la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW).
La administración del expresidente Donald Trump restringió la migración usando el Título 42 para evitar el ingreso del coronavirus. Desde su promulgación, el gobierno estadounidense ha rechazado a más de 2,3 millones de refugiados y migrantes en la frontera. «Un mero pretexto para cerrar las vías legales de entrada a Estados Unidos”, según Mattiace.
De hecho, el Departamento de Seguridad Nacional bajo el mando de Joe Biden, quien criticó duramente las políticas fronterizas de Trump en su campaña presidencial de 2020, amplió el Título 42 el 12 de octubre con el anuncio de un «nuevo proceso de aplicación para los venezolanos.»
La crisis humanitaria venezolana: una crisis migratoria
Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, «la gente sigue abandonando Venezuela para escapar de la violencia, la inseguridad y las amenazas, así como de la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales». El organismo estima que más de 6 millones de personas han huido del país, lo que la convierte en la segunda mayor crisis de desplazamiento externo del mundo, después de Siria.
El cambio de política de la administración Biden del 12 de octubre incluye una «forma ordenada para que los venezolanos entren en Estados Unidos» en el marco de un «programa de libertad condicional» que concede a los solicitantes seleccionados una estancia de dos años. Pero eso también tiene sus trampas.
Los solicitantes deben poseer un pasaporte válido, asegurar un patrocinador financiero dentro de Estados Unidos, financiar su propio viaje, pasar una revisión y no haber sido expulsado de Estados Unidos en los últimos cinco años, o haber cruzado las fronteras de Panamá, México o Estados Unidos de forma irregular después del 19 de octubre.
Solo pasarán 24.000 venezolanos
Estas restricciones hacen que este programa sea «prácticamente inaccesible para la gran mayoría de los venezolanos», afirma Mattiace. Aunque sigue el modelo de la oferta de visas de Estados Unidos para Ucrania, que no establece límites al número de ucranianos desplazados que pueden entrar en Estados Unidos, el programa para Venezuela tiene un límite de 24.000 personas. Teniendo en cuenta que HRW estima que 107.000 venezolanos han cruzado Darién sólo este año, esta cifra es enormemente insuficiente.
Ahora, muchos venezolanos se encuentran varados entre Colombia, Centroamérica y México sin poder aplicar porque fueron expulsados recientemente de Estados Unidos bajo el Título 42.
«Incluir este programa de libertad condicional humanitaria tan limitado parece un intento de endulzar esta expansión abusiva del Título 42», denuncia Mattiace. Con las elecciones al Congreso que se avecinan, indica Mattiace, el mantenimiento del Título 42 por parte de la administración Biden «parece tener una motivación política.»
Cactus24 01-11-22
