La asamblea que redactaba una nueva Constitución política en Chile cerró sus funciones el lunes tras un año de trabajo y entregó su propuesta al presidente Gabriel Boric, quien convocó formalmente a un plebiscito en septiembre para aprobar o rechazar el texto.
La labor de los 154 integrantes de la Convención Constitucional terminó en un ambiente muy distinto al de su instalación. Tras varias controversias en torno a los propios miembros del grupo y de algunas propuestas radicales, las encuestas señalan actualmente que la opción «rechazo» corre con ventaja de cara al referendo.
Pero en sus intervenciones durante una ceremonia en el antiguo edificio del Congreso en el centro de Santiago, tanto los líderes del órgano redactor como Boric, cuya popularidad se ha desplomado desde que asumió en marzo pasado, llamaron a iniciar una nueva etapa y a enfocarse en el texto.
«Los dos meses que vienen son muy importantes. El año que hemos terminado ha sido difícil, hemos cometido errores, pero la convención aquí no es lo relevante, el protagonista es Chile y su futuro», dijo el vicepresidente del órgano redactor, Gaspar Domínguez.
María Elisa Quinteros, la presidenta de la convención, planteó por su parte que el texto «es perfectible» y que esperan que «sea el piso mínimo que contribuya a consolidar una sociedad con mayor equidad», aludiendo a otra de las discusiones que ha cobrado fuerza en el último tiempo sobre la posibilidad de transformar el texto vía el Congreso una vez que sea aprobado.
En octubre de 2020, una mayoría aplastante de casi 80% abrió la puerta a la redacción de una nueva carta magna que reemplace a la vigente de 1980, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, aunque con decenas de reformas a lo largo de los años.
Durante su etapa de votaciones en los últimos meses el pleno desechó algunas propuestas que levantaron acaloradas discusiones como la nacionalización de los recursos mineros en el mayor productor mundial de cobre, aunque adoptó cambios sustanciales al poder político como la eliminación del Senado y su reemplazo por una Cámara de las Regiones que tendrá menores facultades.
También planteó mayor autonomía para los territorios indígenas, en momentos que Chile atraviesa un recrudecimiento del conflicto entre el Estado y la etnia mapuche en el sur del país.
Por otra parte, el texto garantiza amplios derechos sociales.
«El plebiscito del 4 de septiembre no es ni debe ser un juicio al gobierno, es el debate sobre el futuro y destino de Chile para las próximas cuatro o cinco décadas», dijo Boric durante la ceremonia.
Cactus24 04-07-22
