A las 9:00 de la mañana de este sábado 4 de junio murió Ana Justina Ramírez García. El 21 de este mes sería su aniversario 59 de vida, el que pudo haber sido su último cumpleaños con la alegría de estar rodeada de familiares. No obstante, la medida humanitaria solicitada en cuatro oportunidades por sus defensores, jamás tuvo respuesta. El lado inhumano quedó en evidencia de parte de quienes debían garantizar el derecho a la salud y a la vida de esta ciudadana falconiana.
Era notorio el crítico deterioro de la salud de Ana Justina desde que quedó presa por un delito que no cometió pero que la salpicó por estar en el lugar y sitio equivocado. Ana Justina no solo perdió la libertad en aquel procedimiento efectuado por el Comando Nacional.
Antiextorsión y Secuestro (CONAS) sino que también sufrió por el arresto de su hija quien abortó a raíz de los golpes que recibiera por parte de uno de los efectivos castrenses, según consta en el expediente.
Hasta seis patologías, la mayoría crónica, presentaba Ana Justina, sumado al trauma psicológico que le produjo hace pocos meses el que le amputaran la pierna izquierda.
Consciente del estado de salud física y emocional, la médico forense Anne Primera, expuso con lujo de detalle la condición médica de Ana Justina. En aquel informe del 22 de marzo que recibiera el Juez Segundo de Juicio, detalló la que tenía la mujer quien debía cuanto antes, ser sacada del retén.
Artropatía periférica obstructiva crónica, isquemia crítica en el miembro inferior izquierdo, hipertensión arterial sistémica, tabaquismo crónico, anemia leve, enfermedad renal crónica e hiperproteinemia…
La forense dejó claro lo que debía hacerse con la privada de libertad que no era otra que estar bajo cuidados especiales para evitar la amputación de los miembros restantes, arteriografía, angioplastia y demás estudios especializados; cuidados del muñón y limpieza quirúrgica para garantizar la cicatrización adecuada, tratamiento médico estricto en dosis y horario, permanecer en sitios de estricta medida de asepsia y antisepsia, apoyo psicológico, garantizarle el sueño tranquilo y de preferencia, pernoctar en su casa rodeada de familiares que le brindaran apoyo.
“Sírvase este tribunal, de acuerdo a sus atribuciones, garantizar del derecho a la salud y la vida”, agregó la médico forense quien además adjunto al informe las fotos de antes de la amputación y el después, como evidencia adicional sobre la gravedad de Ana Justina. Los abogados César Mavo, Luis Martínez y Luisa Mata también hicieron lo que estuvo en sus responsabilidades como defensores que fue solicitar hasta en cuatro oportunidades, revisiones de medida.
Nada prosperó, todas las solicitudes fueron desestimadas y nunca le permitieron a Ana Justina volver a su casa a experimentar un probable proceso de recuperación o tener una muerte digna, rodeada de familiares y bajo el cuidado de estos en Los Taques. A pesar de su condición, Ana Justina era una presa más, común y corriente a los ojos del juez, de los fiscales 13 y 17 en derechos fundamentales, incluso de instancias que se muestran como defensoras de los derechos humanos que nada hicieron al respecto.
Ana Justina Ramírez García, quien permanecía presa en el retén de Polifalcón de Carirubana, murió este sábado en el Hospital Doctor Rafael Calles Sierra, lo que hasta entonces pasó bajo perfil, manejada como una “muerte natural”. No obstante, la muerte de Ana Justina es más grave de lo que pretenden mostrarla, toda vez que supone violación al derecho a la salud y a la vida, que son derechos universales.
Valga recordar que el pasado 3 de febrero, Gabriel Felipe Rodríguez Flores, oriundo del estado Bolívar, quien estaba preso desde el 24 de octubre del 2017, murió sin que le dieran respuesta a la revisión de medida, que era de índole humanitaria debido a que presentaba un cáncer terminal de pulmón. Aunque la gravedad de Gabriel era del conocimiento del Tribunal de Ejecución, incluso la presidencia del Circuito Penal, nunca dieron respuesta y el penado murió.
En el 2021 otro preso, penado por droga, murió sin que pudiera concretarse su traslado a un hospital para que recibiera atención médica. El preso estaba a pocos meses de cumplir su condena de 10 años.
De todas estas muertes, la de Ana Justina Ramírez García pareciera haber sido la gota que derramó el vaso de ser ciertas las informaciones respecto a que en devenir de los siguientes días o semanas se librarían órdenes de captura, incluso representantes del Poder Judicial como del Ministerio Público que debían atender el caso, pudieran ver comprometida su continuidad en los cargos por la omisión y comisión. El Fiscal General de la República Tarek William Saab, el diputado Pedro Carreño y la presidente del Tribunal Supremo de Justicia, la magistrada Gladys Gutiérrez, quien es falconiana, están al tanto del caso.
En el seno de los abogados el caso no ha pasado desapercibido. La crítica generalizada es la falta de humanidad de quienes deben dar respuesta ante esos casos, más allá de impartir justicia. Incluso surgen cuestionamientos ante la falta autonomía y determinación, una situación que la historia no les perdonará, más allá de la justicia Divina que será según sus obras. Incluso se cuestiona el centralismo expresado en que, ningún juez o juez puede decidir algún asunto sin consultarlo ante la presidencia del Circuito Judicial Penal.
Opinan algunos abogados que no puede escudarse un juez, jueza o fiscal, de que recibe órdenes superiores, pues, la integridad y dignidad de alguien que dice estar profesional a carta cabal, debe estar por encima de todo. Los valores y principios no se negocian.
Al respecto citan ejemplos de dignidad, el de una juez de Yaracuy que a pesar de las presiones políticas, otorgó la libertad a un procesado, pues le correspondía. Dictada la sentencia de absolución, la juez renunció y salió por la puerta grande. O también está el caso de la jueza Karla Moreno que hizo lo mismo tras declarar inocentes a dos jóvenes, a pesar de las presiones gubernamentales. La valentía de estas dos juezas, dignificaron de algún modo la independencia del Poder Judicial y fueron varios los escritos y elogios respecto a que “la justicia tiene pantalones” o que ellas representaron “el rostro de la dignidad”.
No obstante, el caso de la jueza Lourdes Afiuni, también muy sonado en el país por las repercusiones que a ella le trajo el haber otorgado la libertad a un banquero, es expuesto como un motivo de temor que desde el 2009, ha impactado en la autonomía de los jueces.
“Cuando los jueces y juezas no están preparados desde el punto de vista profesional, académica y mental para tomar decisiones, pasan este tipo de omisiones o arbitrariedades” lamentó una abogada falconiana.
De esto mismo ha opinado en varias oportunidades la exmagistrada del TSJ, Blanca Rosa Mármol: “un juez debe tener autonomía, hacer honor al cargo porque es autónomo y no se debe dejar presionar. Con la presión no funciona el Poder Judicial”, agregó.
Ha recalcado la exmagistrada que hoy en día, “al estar completamente dispersos los jueces, no se ha respetado la carrera judicial ni el ingreso por concurso. Esto ha traído consigo jueces improvisados, provisorios, y no ser jueces formados realmente, lo que ocasiona que sean obedientes y que pase lo que está pasando no hay manera de salir de eso a menos que se vuelva a los concursos para estar en el Poder Judicial”.
Cactus24//05-06-2022
