La inflación récord está atizando la cólera contra el gobierno de izquierda en España, donde los paros de transportistas y las protestas de agricultores y pescadores ponen al ejecutivo bajo presión para que actúe contra la escalada de los precios de la energía.
«Contener los precios» y «frenar el deterioro de nuestras condiciones de vida» es el lema de Comisiones Obreras y la UGT, los principales sindicatos españoles que este miércoles convocaron manifestaciones en todo el país.
En febrero los precios al consumo alcanzaron su nivel más alto en 35 años (7,6%), en medio de una subida del costo de la energía, empujado por la guerra en Ucrania.
«Mes a mes las facturas de la luz, la calefacción, la gasolina, los alimentos, la vivienda o el transporte aumentan. El conjunto de la sociedad está sufriendo esta situación», advierten los convocantes de las protestas, que se suman a una larga serie de paros y manifestaciones.
Desde el 14 de marzo, una plataforma de transportistas independientes lanzó un paro indefinido ante el auge de los precios de los combustibles, una iniciativa que ha provocado incidentes y cortes de rutas y ha perturbado el suministro de supermercados y de algunas empresas.
El gobierno del socialista Pedro Sánchez enfrenta también una huelga de pescadores, que dejaron de trabajar desde el lunes por tres días a solicitud de una federación que agrupa a 9.000 embarcaciones, para denunciar que trabajan a pérdida por los precios del gasoil.
La ira se ha extendido también entre agricultores y ganaderos, afectados por el alza de los precios de los fertilizantes y las materias primas. Al menos 150.000 de ellos recorrieron el centro de Madrid el domingo para exigir respuestas al gobierno.
Sánchez espera por la UE
Las movilizaciones por el descontento social, las más importantes desde que a mediados de 2018 Pedro Sánchez llegara al poder, han sido respaldadas por los partidos de oposición, en particular la extrema derecha de Vox, que organizó sus propias manifestaciones el sábado en varias ciudades de España.
Esta formación ultranacionalista, tercera fuerza en el Parlamento y en plena efervescencia, saca partido al descontento de una parte de la población, sobre todo en zonas rurales, acusando al gobierno de ser la «ruina para las clases medias y los más desfavorecidos».
Todo lo anterior deja en una posición muy incómoda al gobierno, que ha tomado múltiples medidas en los últimos meses para subir los bajos salarios y contener los precios de la energía, pero ve como sus esfuerzos se diluyen a causa de la espiral inflacionaria.
Para desactivar las críticas, Pedro Sánchez prometió hace diez días un «plan nacional» ante el impacto económico de la guerra en Ucrania, con rebajas de impuestos.
El gobierno puso sobre la mesa un paquete adicional por 500 millones de euros (550 millones de dólares) en compensación por el alza de los precios del combustible para los transportistas.
La mañana del miércoles, Pedro Sánchez dijo ante el Congreso estar «convencido» de lograr «esta semana» un acuerdo con los transportistas.
Sin embargo, el ejecutivo sigue mostrándose evasivo sobre los alcances de su plan, mientras Sánchez busca obtener una respuesta conjunta de la Unión Europea a la crisis energética en la cumbre del jueves en Bruselas.
La UE debe «resolver» esta problemática «desde un punto de vista común», insistió Sánchez este miércoles.
Madrid pide infructuosamente a la UE desde hace meses modificar el mecanismo que acopla los precios de la electricidad al mercado del gas. Sánchez, que se reunió con varios homólogos europeos en los últimos días, espera un giro.
Si no hay acuerdo, el gobierno asegura que actuará por su lado y adoptará medidas mediante un decreto ley el 29 de marzo.
Una fecha considerada muy tardía por varios sectores en pie de lucha, que recuerdan que otros países, como Francia o Italia, ya anunciaron medidas de urgencia.
Cactus24 23-03-22
