Los Países Bajos han resuelto congelar la entrega al gobierno de Curazao de fondos adicionales para combatir la inmigración ilegal, hasta tanto no garantice plenamente los Derechos Humanos de los cientos de venezolanos que actualmente se encuentran bajo su custodia.
La decisión la anunció el ministro neerlandés de Interior y Relaciones del Reino, Raymond Knops, en una carta que envió al Parlamento este 6 de enero.
En la misiva, el funcionario tomaba nota del duro informe que Amnistía Internacional publicó en octubre pasado, en el cual acusaba a las autoridades de Willemstad de detener y encarcelar a los venezolanos que lograban llegar a las costas curazoleñas, sin permitirles acogerse al Protocolo de Refugio aprobado en 2019.
Amnistía Internacional denunció que Curazao presiona a los inmigrantes para que firmen órdenes de deportación escritas en holandés, y además los mantiene en centros de reclusión en condiciones de hacinamiento e insalubridad durante meses.
“La principal preocupación del gobierno es que los Derechos Humanos sean respetados y protegidos en todo momento, tanto en el Reino como en cualquier parte del mundo. No se debe permitir que se produzcan las cuestiones planteadas por Amnistía, como la intimidación y el no respeto de necesidades básicas de las personas”, afirmó Knops.
El ministro neerlandés agregó: “Con respecto a la detención de extranjeros en Curazao, he concluido que a pesar de los avances, como la construcción de centros para la detención de extranjeros y del entrenamiento al personal que labora en los mismos, Curazao se queda corto en aspectos cruciales. La observancia de los aspectos como el acceso a la asistencia jurídica y la atención médica, y la formación del personal con respecto al tratamiento de los extranjeros son una condición explícita para la asignación de nuevos recursos financieros”.
Knops reveló que desde 2019 La Haya ha destinado 7,2 millones de euros para financiar distintos proyectos para combatir la ola migratoria venezolana en Aruba, Curazao y Bonaire. Parte de esos recursos han sido destinados a la construcción, ampliación o acondicionamiento de centros de reclusión, la adquisición de drones para detectar embarcaciones y la formación de la Guardia Costera.
En el caso de Curazao, el ministro indicó que se le habían aprobado otros 2 millones de euros para concluir los trabajos de expansión del centro de detención de inmigrantes (SDKK) este marzo próximo. Sin embargo, ahora los fondos están en el congelador.
Cactus24//08-01-2022
