Las familias de los dos fallecidos el año pasado en Perú por la violencia policial contra las protestas que reclamaban mejores condiciones laborales en el sector agrario recibirán cada una una compensación económica de 40.000 soles (unos 10.000 dólares) por parte del Gobierno.
Así lo dispuso el Ejecutivo peruano este lunes en un decreto de urgencia del Ministerio de Justicia que establece ayudas económicas para las víctimas de la violencia policial durante una serie de protestas ocurridas a finales del año pasado.
El momento de la muerte de uno de los manifestantes quedó retratado en una imagen publicada por la Agencia Efe donde se aprecia en primer plano al agente de Policía que dispara su pistola contra los manifestantes en Virú (La Libertad), una instantánea que obtuvo un premio nacional de periodismo.
Las compensaciones establecidas para estas víctimas siguen los parámetros ya aplicados en junio pasado para los fallecidos en las protestas contra la llegada al poder de Manuel Merino, cuyas familias ya recibieron entonces cada una 40.000 soles. Según las investigaciones realizadas hasta ahora, los dos jóvenes murieron en las protestas contra Merino por impactos de perdigones de plomo disparados presuntamente por la Policía Nacional del Perú (PNP), lo que apunta a que los agentes antidisturbios usaron municiones prohibidas para controlar manifestaciones.
Asimismo, los heridos de gravedad producto de esos mismos proyectiles serán compensados por el Gobierno con 15.000 soles (3.744 dólares), 25.000 soles (6.240 dólares) o 40.000 soles (10.000 dólares) en función de las secuelas de las lesiones. La cantidad correspondiente para cada herido será fijada por una comisión especial, que ya ha identificado a 28 heridos, entre ellos 26 en las marchas de noviembre contra Merino, que apenas pudo mantenerse cinco días en la presidencia, y dos en otras protestas ocurridas el 2 de diciembre.
En total, el Gobierno peruano ha dispuesto destinar 800.000 soles (unos 200.000 dólares) para compensar a este grupo de víctimas, una ayuda económica excepcional que «no tiene naturaleza resarcitoria ni reparatoria». Por lo que no se cierra la puerta a posteriores reclamaciones adicionales. «Este beneficio no tiene implicancia en la determinación de eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales del personal de la Policía Nacional del Perú que participó en las movilizaciones realizadas entre el 10 y 14 de noviembre, el 1 y 3 de diciembre y el 20 y 30 de diciembre de 2020″, afirma el escrito.
Cactus24 27-12-21
