El fiscal de la CPI, Karim Khan, aseguró este miércoles en un encuentro con el presidente Nicolás Maduro en Caracas que el caso conocido como «Venezuela I» pasa de la fase de examen preliminar a la apertura de una investigación formal.
La investigación buscará determinar si se cometieron crímenes contra la humanidad en el contexto de manifestaciones durante la crisis política venezolana. El memorando también recoge que Venezuela «interpreta que no se cumplen los requisitos del artículo 53 del Estatuto de Roma, para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación».
Por su parte, el mandatario venezolano aseguró que respeta, pero no comparte, la decisión adoptada por la Fiscalía de la CPI.
El gobierno venezolano considera que «las denuncias deben ser investigadas en el país por las instituciones nacionales existentes creadas para tal fin», explica el memorando.
El documento firmado este miércoles por el presidente Maduro y el fiscal Khan también recoge que en la fase preliminar «no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo y que la investigación tiene por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona».
Las partes acordaron que Venezuela, como jurisdicción nacional, «adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia, de acuerdo con los estándares internacionales, con el apoyo y el compromiso activo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en virtud del principio de complementariedad».
También se compromete a «establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes y facilitar el efectivo desempeño del mandato del fiscal» en Venezuela.
La apertura de una investigación formal supone un paso más en el proceso iniciado en 2017, cuando la fiscal Fatou Bensouda decidió abrir un «examen preliminar» sobre la situación en Venezuela para evaluar «presuntos crímenes que pudieran ser competencia de la CPI», reseña la BBC.
Bensouda explicó que había tomado esa decisión después de estudiar de cerca el caso venezolano desde 2016 y tras una revisión «cuidadosa, independiente e imparcial de comunicaciones e informes».
«En particular, se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención», señaló entonces Bensouda, que también dijo que estudiaría las denuncias sobre acciones de manifestantes que habrían provocado lesiones o muerte de efectivos de las fuerzas de seguridad.
CACTUS24 03-11-21
