El gobierno de Venezuela está permitiendo que empresas privadas administren al menos 13 empresas de alimentos que fueron nacionalizadas hace una década, según una decena de personas familiarizadas con la situación, un esfuerzo destinado a mejorar las operaciones que sufrieron bajo la gestión estatal.
Los operadores privados deben asumir los costos de nómina y financiar inversiones, y destinar parte de su producción a programas estatales de distribución de alimentos, dijeron las fuentes a la agencia Reuters.
Una de las empresas ahora bajo administración privada es Industria Venezolana Maicera Pronutricos, fabricante de harina de maíz, que fue nacionalizada hace 11 años.
Este tipo de convenios se están produciendo bajo el amparo de la llamada «ley antibloqueo», mecanismo legal que fue aprobado en la ya extinta asamblea constituyente y que se sancionó como parte de las medidas del Gobierno para evadir las sanciones de EEUU.
De acuerdo a Reuters, otra de las empresas que están bajo este esquema es Agropatria -anteriormente llamada Agroisleña y cuya expropiación fue ordenada por el entonces presidente Hugo Chávez-que ha abierto oficinas en dos estados del país para vender insumos agrícolas.
En julio de 2020, el nuevo presidente de Conindustria, Luigi Pisella, solicitó a la administración de Nicolás Maduro que se devuelvan a sus dueños las empresas que fueron expoliadas o confiscadas en años pasados por el Estado, como parte de una serie de medidas que podrían generar confianza para la reactivación completa de la economía del país.
Pisella insistió en que las medidas económicas implantadas desde el Ejecutivo nacional no han dado resultados satisfactorios para Venezuela, situación que a su juicio puede corregirse y adecuar fórmulas que sean beneficiosas para estimular la industria nacional como por ejemplo «el desmontaje o modificación» de leyes que permitan recuperar el salario y un marco jurídico que brinde confianza a los inversionistas y empresarios.
Cactus24/14-09-2021
