La Fiscalía de El Salvador emitió una orden de captura contra el exmandatario Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) por su supuesta participación en la malversación de 351 millones de dólares cuando fue vicepresidente del Gobierno de su antecesor, Mauricio Funes, informó este jueves el fiscal general, Rodolfo Delgado.
«Posteriormente solicitaremos la difusión roja para que se activen todos los mecánicos de rastreo y búsqueda de la Interpol», añadió Delgado.
De acuerdo con el fiscal, Sánchez Cerén presuntamente recibió pagos irregulares de fondos estatales por 530.000 dólares fuera de su salario establecido.
Sánchez Cerén se convierte así en el cuarto exmandatario de la etapa democrática salvadoreña en ser requerido por la Fiscalía por cargos de corrupción, entre ellos Funes.
El Ministerio Público también ordenó la detención de José Guillermo López Juárez, expresidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria (CEPA), y de los exministros de Obras Públicas y Medio Ambiente, Gerson Martínez y Lina Pohl, respectivamente.
Todos son exfuncionarios del Gobierno de Funes (2009-2014) y, según la Fiscalía, se encuentran fuera del país.
De acuerdo con el fiscal general, estas personas junto a cinco exfuncionarios capturados la tarde de este jueves «desfalcaron» junto a Funes más de 351 millones de dólares.
«La Fiscalía ha realizado la conclusión de una investigación contra dvarios exfuncionarios de la Administración del expresidente Mauricio Funes, todas estas personas contribuyeron al desfalco de 351 millones al Estado», dijo Delgado en una conferencia de prensa.
Según la investigación de la Fiscalía, los exfuncionarios recibieron cantidades de dinero que rondan entre los 200.000 dólares y 500.000 dólares «a parte de su salario».
Los exfuncionarios que fueron presentados a la prensa son los exministros de Hacienda y Salud Carlos Cáceres y Violeta Menjívar, respectivamente.
Además, se detuvo a los exviceministros Hugo Flores y Erlinda Handal, y el exdiputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Calixto Mejía (2014-2017).
Todas las personas son acusadas de los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
El fiscal general señaló que la investigación, denominada «Saqueo Público», se derivó de la investigación contra Funes por el millonario desfalco.
Funes vive en Nicaragua desde 2016 y recibió en 2017 la nacionalidad de ese país centroamericano, cuya Constitución prohíbe la extradición de sus ciudadanos.
De acuerdo con Delgado, la Asamblea Legislativa aprobó al Ejecutivo de Funes 80,8 millones de dólares en fondos para gastos reservados o secretos en sus cinco años de Gobierno, pero «al final fueron 351 millones de dólares que el Ministerio de Hacienda transfirió sin la aprobación de la Asamblea».
«No se trata de persecución política, esto es la persecución de ladrones que se escudan en sus discursos políticos, en los cargos que ejercieron en algún momento, su pasado histórico y en la supuesta reenvindicación de los derechos de los salvadoreños y no dudaron en traicionar al Estado de El Salvador», añadió el fiscal.
Los cinco exfuncionarios capturados hoy se encuentran en las celdas de la División Central de Investigaciones (DCI) de la Policía Nacional Civil (PNC), en San Salvador.
Cactus24 23-07-21
