La Comisión de Derechos Humanos de la Costa Oriental del Lago, el Colegio de Abogados del Estado Zulia y los abogados Garantistas de Venezuela exigen al Ministerio Público se les permita ingresar a los centros de detención preventiva para reunirse con los privados de libertad, a quienes sus agremiados les prestan servicio legal.
El penalista Simón Arrieta denunció que desde el inicio de la cuarentena social por Covid-19, en marzo de 2020, se les impide el acceso a los calabozos y a las asesorías jurídicas a sus clientes.
Los gremios de abogados decidieron, en asamblea, introducir recursos de amparo constitucionales contra quienes dirigen la sede del Comando Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana (CONAS), en Mene Grande, municipio Baralt; el Centro de Arrestos y detenciones Preventivas de Cabimas y el Destacamento 113 de la Guardia Nacional Bolivariana, en Cabimas.
“La primera acción legal fue contra el CONAS. Se introdujo, el 14 de abril de 2021, un recurso de amparo ante el Tribunal Primero de Juicio a favor de los privados de libertad. La segunda medida se solicitó, el jueves 22 de abril de 2021, ante el Tribunal Segundo de Juicio de Cabimas. La exigencia es la misma en ambas solicitudes, la restitución de la visita de los abogados”, detalló Arrieta.
El jurista acotó que esta situación representa una violación del derecho a la defensa. “Los privados de libertad están incomunicados completamente. Los abogados deben esperar al traslado de los defendidos al juzgado para poder tener un acercamiento con ellos y preparar su defensa”.
