Tarek William Saab, fiscal general , informó este 1° de mayo que dictó cargos de homicidio intencional calificado contra los funcionarios que custodiaban al concejal detenido Fernando Albán, quien murió en octubre de 2018 al caer del décimo piso de una dependencia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Este viraje rompe con la tesis de suicidio que mantuvieron las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro luego de la muerte de del activista de Primer Justicia. Albán cayó del décimo piso de la sede del Sebín en Plaza Venezuela, Caracas, el 10 de octubre de 2018. En principio, a los custodios se les imputó el delito de quebrantamiento de normas de custodia.
“En su momento se imputó el delito de quebrantamiento de normas de custodia. El Ministerio Público solicitó la nulidad por observar violaciones de garantías constitucionales. Y siendo acordada dichas nulidades por el tribunal, la causa se retrotrajo hasta la fase de investigación”, indicó Saab en trasmisión de la televisora estatal, Venezolana de Televisión.
El funcionario dijo que fue el 22 de octubre de 2020 cuando se efectuó una nueva audiencia contra los funcionarios a quienes se les acusó por los delitos de “homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y tortura”.
Albán, perteneciente al partido político Primero Justicia, fue detenido el viernes 5 de octubre de 2018 en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Las autoridades policiales lo acusaron de ser parte de un plan para asesinar a Nicolás Maduro y “actos desestabilizadores”, reseña la información de El Pitazo.
Tras cinco días recluido, el cuerpo sin vida de Albán yacía en el piso del edificio del Sebín. Líderes opositores como Julio Borges y Henrique Capriles denunciaron que el político había sido torturado en la sede del Sebin. Mientras que Luisa Ortega Díaz, otrora fiscal general de Venezuela, aseguró desde el exilio que Albán murió ahogado mientras lo interrogaban “porque lo estaban torturando con una bolsa”.
Cactus24/04-05-2021
