Tres venezolanos se declararon culpables de haber participado en una fallida “invasión armada” que el año pasado intentó derrocar al presidente Nicolás Maduro, según denunció el mismo gobierno venezolano.
En la audiencia del viernes ante un tribunal colombiano, los hombres de nacionalidad venezolana reconocieron su responsabilidad junto a Jordan Goudreau, un exboina verde de los Estados Unidos y veterano de la guerra de Irak, en la conformación de una célula militar de solo algunas decenas de militares desertores venezolanos que intentaban derrocar el Gobierno de su país.
“Pido perdón al gobierno colombiano”, fueron las palabras del mayor Juvenal Sequea, uno de los procesados, ante un juez de Bogotá cuando él y otros dos implicados aceptaron cargos menores como brindar asesoría y apoyo logístico a grupos armados ilegales, refirió AP.
La llamada Operación Gedeón, como se conoció la fallida incursión, tuvo un final trágico: seis rebeldes murieron y dos estadounidenses -excompañeros de Goudreau en las Fuerzas Especiales- se encuentran en una prisión de Caracas.
Juvenal Sequea y el capitán Juven Sequea, ambos acusados en Colombia, son los hermanos mayores del capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Sequea, quien confesó ser el comandante de la fallida incursión armada del 3 de mayo de 2020 y ahora está preso en Caracas. La tercera persona en declararse culpable es Rayder Ruso, un civil que por años ha buscado derrocar a Maduro.
El único delito por el que se declararon culpables puede darles entre 6 y 10 años de cárcel. Sin embargo, según la ley colombiana, podrían quedar en libertad condicional o detención domiciliaria si reciben una sentencia de menos de ocho años, lo que significa que podrían quedar en libertad a cambio de cooperar con la justicia.
Yacsy Álvarez, la cuarta acusada dentro de la investigación colombiana, se ha declarado inocente en repetidas ocasiones y acusó a las autoridades colombianas de haber estado en constante contacto con Cliver Alcalá, el general retirado del ejército venezolano que dirigía la operación. Álvarez es llamada a responder por el delito de tráfico de armas, por presuntamente ayudar a proveer armas de contrabando para los exmilitares disidentes.
Según el acuerdo de culpabilidad leído por los fiscales en la corte, la investigación colombiana inició tras el decomiso, el 23 de marzo de 2020, de un arsenal de 26 fusiles de asalto y equipo táctico que, después se supo, fue enviado por Álvarez y tenía como destino a los rebeldes en la península de La Guajira, que Colombia comparte con Venezuela, agregó AP.
Horas antes de entregarse el 26 de marzo para enfrentar cargos por narcotráfico en Estados Unidos, Alcalá, quien coordinaba la operación clandestina, aceptó ser el responsable de las armas.
Alcalá, quien ahora está a la espera de juicio en Nueva York, dijo que las armas pertenecían al “pueblo venezolano”. También arremetió contra el líder opositor Juan Guaidó, a quien acusó de traicionar un contrato que había firmado con “asesores estadounidenses” para derrocar a Maduro.
Cactus24 (06-03-2021)
