Un tribunal de Birmania (Myanmar) presentó este lunes nuevos cargos contra la líder depuesta Aung San Suu Kyi, cuando se cumple un mes del golpe militar y en medio de más protestas, a pesar de la muerte de una veintena de manifestantes el domingo.
Nadie había visto a Suu Kyi desde el golpe del pasado 1 de febrero, pero hoy uno de sus abogados pudo verla a través de la videoconferencia en la que compareció en aparente buen estado de salud ante el tribunal en la capital, Naipyidó, indicó a Efe Khin Maung Zaw, miembro de su equipo de defensa.
El pasado 3 de febrero, la nobel de la paz y líder de facto del país fue acusada de la importación ilegal de un dispositivo telefónico y 14 días más tarde de un delito relacionado con la ley de desastres naturales a causa de la pandemia de la covid-19.
Los cargos pueden suponer una condena de varios años de cárcel para Suu Kyi, antigua consejera de Estado y exministra de Exteriores.
Khin Maung Zaw agregó que el presidente derrocado Win Myint, también detenido desde el 1 de febrero, fue acusado igualmente de vulnerar el artículo 505(b).
NUEVAS PROTESTAS TRAS LA REPRESIÓN
La comparecencia se produjo mientras los birmanos volvieron a salir a las calles hoy para protestar contra el golpe y pedir la liberación de Suu Kyi y el resto de los detenidos, en desafío a las fuerzas de seguridad, que el domingo mataron a disparos a una veintena de manifestantes en el día más sangriento de las protestas.
Este lunes, la Policía lanzó botes de gas lacrimógeno en las calles de Rangún, antigua capital y ciudad más poblada, mientras que varios medios locales informan además del despliegue sobre el terreno de militares en tareas de apoyo a la Policía.
La Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) en Birmania indicó en su última actualización que durante el domingo se registraron víctimas mortales en al menos las ciudades de Rangún, Mandalay, Dawei, Bago, Magwe, Pakokku y Kyaukse, además de 200 personas que resultaron heridas.
Con las muertes del domingo se elevan a 30 las víctimas mortales desde el golpe militar, conforme a las cifras de la AAPP, en medio de protestas por diversas ciudades del país que han llegado a reunir a centenares de miles de personas.
Durante la jornada de hoy, los manifestantes antijunta también participaron en actos de homenaje por algunas de las víctimas mortales, como Nyi Nyi Aung Htet Naing, de 23 años, fallecido el domingo en Rangún durante la represión de las protestas por las fuerzas de seguridad.
CONDENAS A LOS MILITARES
El relator especial de Naciones Unidas para Birmania, Tom Andrews, condenó la violencia y reclamó una acción más severa contra el Ejército, como sanciones específicas y coordinadas contra los responsables del golpe de Estado y contra los negocios de los militares, además de un embargo global de armas contra el país.
En este sentido, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá ya han impuesto sanciones a los líderes castrenses birmanos y a las empresas que dependen del Ejército, mientras que la Unión Europea está estudiando hacer lo mismo.
Los vecinos de Myanmar, incluidos sus 9 socios en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), han sido menos contundentes en condenar el golpe militar, aunque sí han pedido la liberación de Suu Kyi y los otros detenidos y el respeto a los manifestantes.
El ministro de Exteriores singapurense, Vivian Balakrishnan, expresó hoy su «consternación» por el uso de fuerza letal contra civiles desarmados, lo que calificó de «inexcusable».
Balakrishnan anunció además que mañana se reunirán los titulares de Exteriores de la ASEAN, incluido el representante militar birmano, para abordar la crisis en Birmania.
El Ejército justificó la toma de poder por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, donde observadores internacionales no detectaron ningún amaño, en los que arrasó la Liga Nacional para la Democracia, el partido liderado por Suu Kyi, como ya hiciera en 2015.
La junta militar, que poco después del golpe declaró la ley de emergencia y luego la ley marcial y toques de queda en varias ciudades, bloquea a menudo el acceso a internet y también ha limitado el dinero en efectivo que se puede sacar del cajero.
Los uniformados han prometido celebrar elecciones en el plazo de un año y ceder el poder al ganador, aunque no han especificado fechas.
Hasta el momento, un total de 1.132 personas, incluidos políticos, activistas y manifestantes, han sido detenidos desde el 1 de febrero, de los que 833 continúan bajo arresto, según datos de la AAPP.
Cactus24 01-03-21
