jueves, marzo 28, 2024
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El papa Francisco introduce cambios al código legal del Vaticano

El papa Francisco ha introducido un nuevo conjunto de cambios en el código legal de la Ciudad del Vaticano, que ha sido objeto de críticas renovadas a medida que los fiscales buscan sancionar los crímenes financieros y el mal manejo por parte de monseñores y financistas de la Santa Sede.

En una nueva ley, Francisco efectuó dos modificaciones a los procedimientos penales cuando no comparecen los acusados, uno de los cuales permite a sus abogados defenderlos aunque sea en su ausencia.

El cambio podría considerarse necesario en vista de la investigación en curso de una inversión del Vaticano en propiedad inmobiliaria. La pesquisa ha implicado a ciudadanos italianos que, si el caso va al tribunal, podrían optar por no comparecer ante la justicia dada la posibilidad de que los arresten.

En otra reforma, Francisco consolidó la fiscalía, dejando en claro que en todas las etapas de apelación actuarán los fiscales de la Santa Sede.

Recientemente, el papa designó a una experta en derecho laboral italiano, Catia Summaria, como fiscal jefe de la corte de apelaciones y designó a dos nuevos jueces de apelaciones, posible señal de que se prevé un aumento de las apelaciones.

En la monarquía absoluta del Vaticano, el papa es el legislador, ejecutivo y juez supremo. A lo largo de los años, los papas han efectuado modificaciones parciales al código legal de la ciudad estado, que se remonta a un código italiano de 1889 que está en desuso y también toma elementos del derecho canónico. La reforma más reciente ha consistido en una serie de modificaciones para la sanción de crímenes financieros.

Los abogados defensores dicen que el código vaticano aún conserva graves limitaciones a los derechos de los acusados, sobre todo en la fase de investigación, en la cual la defensa no tiene acceso a la documentación y los fiscales tienen rienda casi libre para reunir pruebas que pueden usar en el juicio.

Lo fiscales del Vaticano, al defender el sistema, dicen que los derechos de la defensa están garantizados en el “rito sumario” que se utiliza en la investigación de la inversión inmobiliaria en Londres.

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