domingo, noviembre 17, 2024
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Detectan incumplimiento de cuarentena radical en mil 508 comercios no priorizados

Con el objetivo de evitar la propagación de la Covid-19, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), se desplegó en los distintos locales comerciales del país para supervisar el cumplimiento de la cuarentena radical y voluntaria logrando detectar incumplimiento en 1.508 negocios no priorizados.
 
Dichos establecimientos no autorizados para laborar durante la semana de cuarentena radical, abrieron sus santamarías desacatando la medida establecida por el Ejecutivo Nacional para frenar la expansión del Coronavirus, por consiguiente, los fiscales de la Sundde exhortaron a los dueños y encargados de los negocios a cerrar los establecimientos, señala una nota de prensa.
 
Aunado a ello, los fiscales del ente regulador de precios supervisaron 777 negocios autorizados para laborar ya que se dedican al expendio de alimentos y medicinas, donde verificaron las normas de bioseguridad, así como los precios acordados de los rubros contentivos dentro de los 27 priorizados como: Arroz, pasta alimenticia, harina de maíz precocida, carne y pollo.
 
Del mismo modo, inspeccionaron el cumplimiento del Precio Máximo de Venta al Público (PMVP), habladores de precios y la publicación de la Tasa Oficial Cambiaria establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV), para los usuarios que deseen pagar en moneda extranjera.
 
En ese sentido, fueron ajustados los precios de los alimentos, los cuales superaban el margen de ganancia establecido por la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ) y la lista de Precios Acordados que fueron discutidos mediante mesas de trabajo con los actores económicos.
 
Estos operativos contaron con la participación del Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer), la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Estadal, los cuales, articulados con la Sundde, garantizaron el cumplimiento de las normas de bioseguridad y la Ley de Precios Justos.
 

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