El grupo de venezolanos actualmente detenidos en la principal prisión de Curazao, territorio autónomo caribeño de Países Bajos, iniciaron una huelga de hambre por las que denuncian difíciles condiciones de vida que han empeorado su ya complicada situación.
Grupos locales en defensa de los derechos humanos denunciaron este lunes que la administración de la prisión continúa ocultando datos sobre la protesta, pero que aumentó de las dos personas iniciales a un total de nueve.
Otros diez venezolanos detenidos en ese centro han solicitado ayuda a organizaciones de derechos humanos, tras denunciar que son obligados a desnudarse regularmente para ser revisados en busca de drogas.
Además, aseguran permanecer en sus celdas 18 horas al día, dicen que la comida a veces no está en buenas condiciones, hay muchos mosquitos y tienen que acostarse en colchones malolientes.
Todos esos motivos les han llevado a pedir ayuda, según denuncia Human Rights Defense.
Mientras, el sindicato de guardias penitenciarios ha calificado la situación en la prisión de Curazao de «alarmante y peligrosa».
A principios de este mes, los presos venezolanos se amotinaron, lo que provocó que un guardia realizara disparos de advertencia.
El sindicato asegura que en Curazao hay 67 venezolanos en prisión, muchos de los cuales tienen antecedentes militares.
La revuelta fue provocada por un conflicto entre prisioneros venezolanos y de Curazao.
Sindicatos y el ministro de Justicia, Quincy Girigorie, dieron a conocer que los venezolanos utilizaron un alto grado de violencia y organización durante el motín.
«Las cárceles de todo el mundo son lugares peligrosos para trabajar», dijo el ministro.
Tras un supuesto asalto en el interior de la prisión a un ciudadano venezolano, un grupo de detenidos del país sudamericano se organizó para llegar a las celdas de los habitantes de Curazao y prendió fuego a un colchón para obligarlos a salir.
Girigorie informó que se han tomado medidas para mantener separadas a bandas en la cárcel.
Reconoció que hay problemas, aunque matizó que no tan graves como para que el personal no pueda trabajar allí.
Sin embargo, una representación sindical quiere reunirse con el ministro.
El líder sindical Kenneth Bremer denunció que desde 2014 alrededor de 70 guardias se han ido sin reemplazo.
«Antes teníamos alrededor de 300 detenidos y ahora estamos hablando de 500», destacó Bremer.
El ministro, no obstante, aseguró que hubo suficiente personal presente durante el levantamiento a principios de este mes.
«Es relativamente normal que haya algo de violencia en las cárceles. Pero esta fue una excepción por la forma en que se organizó y coordinó «, admitió. EFE
