El gobierno de Venezuela sigue aplicando su esquema de cuarentena 7+7, una estrategia en la que una semana el confinamiento es radical y otra en la que las restricciones se flexibilizan.
El plan busca mitigar la curva de contagios de Coronavirus entre la ciudadanía, con el objetivo de evitar el colapso de un cuestionable sistema de salud público.
Sin embargo, las medidas diseñadas para hacerle frente a la pandemia no siempre son acatadas, sobre todo entre quienes se «rebuscan» todos los días para llevar el sustento a sus casas.
Por ejemplo, en el centro de Punto Fijo, se ha hecho costumbre la presencia de gran cantidad de personas, entre vendedores ambulantes y los que caminan por sus calles buscando los productos que puedan satisfacer sus necesidades básicas al menor costo.
Aunque desde el Ejecutivo regional y municipal se hace esfuerzos para crear consciencia entre la ciudadanía, a veces hay que sopesar el hecho de que el hambre también es perjudicial para la salud y con ella las regulaciones pasan a un segundo plano.
En esos casos, la exigencia gubernamental ha sido siempre clara: uso irrestricto del tapabocas y mantenimiento del distanciamiento social, acciones preventivas que disminuirán los contagios y salvarán vidas.
