La población migrante venezolana que llega a Colombia para escapar de la crisis en su país también es víctima de las masacres como las que en las últimas semanas dejan un total de 43 muertos, varios de ellos menores de edad.
Al menos cuatro de esas víctimas mortales eran de nacionalidad venezolana: tres fueron asesinados en el departamento de Arauca y uno en Norte de Santander, ambos fronterizos con los estados de Apure y Táchira, respectivamente.
“Hay una invisibilización de cómo las personas migrantes venezolanas están siendo también víctimas dentro de Colombia en el marco del conflicto armado”, dijo a Efe Irene Cabrera, docente investigadora de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia.
En la matanza en Arauca, en la cual fueron asesinados cinco hombres el 21 de agosto en el caserío de El Caracol, situado en la línea de frontera, las víctimas venezolanas fueron Carlos Eduardo Sandón Galindez, de 24 años; Yerson Gabriel Zapata, de 37, y Ángel Abel Briceño Araque de 23, según medios de la región.
Las otras dos víctimas fueron sepultadas en el cementerio de la ciudad de Arauca ya que no se les pudo identificar ni se presentaron familiares a reclamar los cadáveres, por lo que se cree que también son venezolanos.
En la masacre perpetrada cinco días después en cercanías de Capitanlargo, en el municipio de Ábrego, en Norte de Santander, fueron asesinados el venezolano Johangel Contreras y los colombianos Gabriel García y Wilmar Carreño, y sus cadáveres dejados apilados en una carretera.
Presiones de economías criminales
Cabrera, que es especialista en temas de seguridad y conflicto armado, señala que en los departamentos de Arauca y Norte de Santander, donde ocurrieron estas matanzas, además de ser fronterizos, hay una fuerte actividad de “economías criminales” vinculadas principalmente al narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.
Esos fenómenos se dan también en Nariño, departamento limítrofe con Ecuador, donde en las últimas semanas también fueron perpetradas tres masacres en las localidades de Samaniego, Ricaurte y La Guayacana (Tumaco), que dejaron 17 personas muertas.
Esos departamentos tienen en común, además de su condición de fronterizos, el que en ellos operan grupos de disidentes de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas criminales.
En los últimos años se establecieron en Colombia más de 1,7 millones de venezolanos que dejaron su país para escapar de la crisis política, económica y social, aunque unos 100.000 de ellos retornaron en los últimos meses forzados por la paralización causada por la pandemia del coronavirus.
Reclutamiento de grupos armados
La experta añadió que los migrantes “no solamente son víctimas de homicidios, como lo que ocurrió en la frontera con Venezuela, sino que también son víctimas de reclutamiento, incluso de extorsiones y de secuestros”.
Las autoridades colombianas no tienen una cifra de cuántos venezolanos han perdido la vida en masacres perpetradas en el país desde 2017, cuando comenzó la ola migratoria, pero según datos del Instituto de Medicina Legal (IML), desde entonces y hasta el pasado 30 de junio, 1.928 de ellos fueron víctimas de homicidio.
De ese total, 1.749 eran hombres y 179 mujeres, muestran las estadísticas del IML que contabiliza en total 3.993 migrantes venezolanos que han fallecido en Colombia desde 2017, cuenta que incluye también muerte natural, accidentes y suicidios.
Cabrera advierte que además “hay un aumento de registro de personas venezolanas en el país que son víctimas de trata para fines de exploración sexual, para fines de explotación laboral, para reclutamiento”.
Grupos armados como el ELN y bandas de narcotraficantes se aprovechan del desespero de muchos inmigrantes venezolanos y de la falta de oportunidades para enrolarlos en sus filas con la promesa de una paga.
“Tenemos que reconocer que estos millones de venezolanos que están en el país también pueden llegar a ser objeto de diferentes tipos de violencia en el marco del conflicto armado o por fuera de él”, agregó la experta, quien dijo que “el Estado debe garantizar la seguridad de todos los habitantes sin importar si son colombianos o no” porque al final son “víctimas de conflicto colombiano”.
Cactus24 01-09-20
