A escasos días de cumplirse seis meses de la cuarentena en Venezuela, la Organización No Gubernamental (ONG) Justicia Venezolana alertó que existen 260 militares presos políticos en grave riesgo de contagiarse de COVID-19 en las cárceles militares y recintos policiales del país.
«El Poder Judicial venezolano, desde la detección de la pandemia a mediados de marzo, ha mantenido paralizado el servicio de administración de justicia penal, manteniendo tribunales cerrados salvo para casos urgentes», advirtió el abogado y director de la mencionada organización, Yonathan Mustiola.
En este sentido, y ante la urgencia de medidas humanitarias para estos oficiales tras las rejas por razones políticas, el jurista y exjuez de la República enfatizó que el artículo 156 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), «contrario a la interpretación que hace del mismo el TSJ», indica que el servicio de administración de justicia penal es una función permanente del Estado y no podrá verse interrumpida por vacaciones judiciales o cualquier otra medida que afecte el cumplimiento de los lapsos procesales.
En nota de prensa dijo, «En algunos casos se han empezado a celebrar juicios y audiencias preliminares, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad, pero incumpliendo por otro lado con garantías al debido proceso», detalló el experto en la materia. Sobre esto, citó como ejemplo la convocatoria a una audiencia preliminar en contravención a las normas del COPP que impiden al imputado defenderse de la acusación presentada en su contra.
Cactus24 24-08-20
