Un título que también pudiera ser viceversa: «precios injustos acordados ante salario justo». Pero que definitivamente no pueden ser ambos calificados como justos o injustos; uno de los dos es distinto al otro. Veamos:
El gobierno recientemente decretó una lista de precios justos acordados con algunos sectores de la cúpula empresarial; quizás otros no fueron invitados y varios simplemente no quisieron participar. Por ejemplo: el Sr Lorenzo Mendoza no le convenía participar porque ya tenía la experiencia del año 2018 y no hay nada más incómodo para un gran capitalista que le controlen su plusvalía. El gobierno dándole una oportunidad al Sr Mendoza dilató la publicación de la fulana lista sólo mostrando una caratula por el compañero Tareck El Aissami del acuerdo a modo que ya se había cocinado, esto para presionar o darle tiempo al magnate de la agroindustria en participar en la reunión; pero como su respuesta fue negativa de manera irrevocable el gobierno no le quedó otra que publicarla y ahí salió la Ministra de Comercio haciéndola oficialmente pública tres días después.
Por otro lado, el Ministro de Trabajo anuncia en la recta final para llegar al 1ro de Mayo de manera casi discrecional (por vía Twitter) un aumento de salario mínimo para llevarlo a 800.000 Bs; según dólar del BCV sería algo como $4,57 aproximadamente. Supongo que tal incremento políticamente sería visto irrisorio para no anunciarlo con bombos y platillos. En estos dos acontecimientos es bueno detenernos en los precios justos acordados; aquí el gobierno de manera astuta actuó consensuadamente con parte de cúpula empresarial para llegar a un acuerdo y así fijar los precios de 27 productos de la canasta alimentaria básica de manera sincera, cosa que es muy bueno. Ahora bien, en tal reunión no se impusieron precios y se supone que fueron fijados según la Estructura de Costo (EC) en cada producto analizando el precio unitario y definir cuál es el monto final. En dicha estructura debió establecerse los porcentajes de cada renglón en costos como: gastos administrativos, impuestos, pérdidas, nómina y ganancia.
Históricamente se ha considerado en las sociedades que la especulación ha sido un delito que afecta a la humanidad y que éste debe ser castigado; pero tal castigo en la mayoría de las naciones al parecer lo han asumido como un delito de poca monta o simplemente cuasi-inofensivo incluso hasta sin carácter de orden público; pero cuando se trata de examinar a profundidad la magnitud de los daños económicos y sociales que hace pudiera concluirse que es igual o hasta peor que la corrupción pública lo que sería merecedor de calificarlo como delito de lesa humanidad por violar los DDHH en el ámbito económico y social de los individuos. En algunos países han querido adoptar porcentajes de ganancias; como ejemplo, Venezuela mediante la Ley Orgánica de Precios Justos estableció que el Margen Máximo de Ganancia no puede ser mayor a 30% dentro de la EC; es decir, si un producto tiene como valor 100 bolívares dentro de esa misma cantidad queda contemplada la ganancia de hasta el treinta por ciento según la conveniencia del prestador de servicio o fabricante; se estableció así para evitar la especulación o usura en el comercio. Ahora bien, una de las mayores cargas que tiene una empresa ha sido la nómina puesto que representa un gran porcentaje de los gastos en la Estructura de Costo de un producto; es por ello, que en la economía capitalista la plusvalía es una opción necesaria e irrenunciable porque logra obtener una acumulación del capital colocando la fuerza del trabajo como valor relativo a lo que produce o lo que sabe el trabajador; pero asimismo, también es una economía fabricante de pobreza porque el capital se súper pone por encima de la vida.
En la reunión que sostuvo el gobierno revolucionario con cierta cúpula empresarial examinaron en la EC todos los elementos para definir el Precio Máximo de Venta al Público (PMVP) y NO pudo estar excluido del tema técnico el valor de la Fuerza de Trabajo porque sería una gran irresponsabilidad si se excluyera. En dicho punto de agenda el valor del trabajo se debió tomar según la especialización del trabajador y los actores en el proceso de producción (obrero calificado, técnico, profesional universitario, etc.) y esto incide en la Estructura de Costo por obviedad pero esa información técnica es algo compleja de exponer y digerir por sus múltiples aristas y a veces hasta muy subjetiva; sin embargo, se toma como elemento básico o de arranque un monto inicial que es el Salario Mínimo fijado por el Gobierno, de allí en adelante el patrón ofertará un mejor salario según las necesidades de la empresa. Para llegar por ejemplo al precio de un litro de aceite comestible (por decir un rubro) se debió considerar al productor el costo real de la fuerza de trabajo; por lo que sería extremadamente injusto calcular esa misma fuerza con un monto irreal o muy por debajo del producto elaborado puesto que de ser así se estaría considerando la fuerza del trabajo como un «valor de producir» y no como «valor de trabajo». En pocas palabras: el trabajador se le estaría pagando porque produce y no porque sepa producir; y como el trabajador produce lo que el patrón exige éste le paga como él cree conveniente para así aplicar posteriormente la plusvalía porque le puso precio al «trabajo» (tarea) y no al «valor de trabajo» (conocimiento) lo que le convierte al trabajador como una mercancía más, aun cuando se definan en la Estructura de Costo las diversas capacidades de los actores ya que sólo es una clasificación para «justificar» las clases trabajadoras como mecanismos clasistas dentro de una misma clase.
En toda economía social o capitalista el salario es un derecho vital para vivir con dignidad y cubrir los gastos básicos materiales, sociales e intelectuales para el trabajador, si esto no se cumple se genera pobreza y malestar social donde el resultado sería desfavorable para la estabilidad política de la nación; la diferencia entre ambas economías es la distribución de la riqueza según la igualdad de oportunidad que se garanticen y la igualdad de condiciones que se establezcan. Venezuela aún cuenta con un sistema económico diseñado bajo criterio capitalista y se viene desmontando desde la llegada de la Revolución Bolivariana en 1999 y uno de sus pilares fundamentales de cambio es rediseñar la concepción económica que han asumido los empresarios desde época de la colonia para evitar esa plusvalía con respecto al valor del trabajo. Por un lado, el comerciante aspira obtener ganancias súper valoradas justificándolas en cualquier teoría así sea utopiánica; y por el otro, la fabricación de pobres le da más posibilidad al capitalista de ponerle valor al trabajo; total, en una condición así cualquiera pudiera subvalorar su fuerza de trabajo; en pocas palabras regalar su trabajo.
En la reunión para acordar los precios seguramente se tomó en cuenta ese valor de importación en aquellos casos donde el producto para producirlo requiere de materia prima o equipo importando; indudablemente se tomó como referencia el precio fijado por el Banco Central de Venezuela (BCV) cuya tasa va pisándole muy cerca al llamado dólar paralelo promedio; lo que hoy en día se pudiera indicar que tal dólar paralelo ya no es tan paralelo. En todos estos elementos que se van analizando se puede razonar que un precio de cualquier rubro de los 27 que fueron acordados se tomó en cuenta el salario del trabajador; entonces de ser así, considerando el salario mínimo y los precios acordados sería totalmente desequilibrado que el monto total de los veintisiete artículos esté extremadamente por encima del salario mínimo para un trabajador que gane un salario mínimo aun cuando reciba una bonificación extraordinaria por parte del gobierno y una bolsa de comida mensual, bimensual y en algunos casos hasta más dilatado o simplemente no llega. Se sabe que existe una guerra económica contra Venezuela, pero acordar precios con el empresario sincerando permanentemente la Estructura de Costo es una acción que depende más de la voluntad interna (gobierno, trabajador y empresario) que externa (golpistas). Una vez acordado los precios, el control y seguimiento de los precios no deben tener amigos; o se toman medidas drásticas ante la especulación o la barbarie nos aniquilará.
Un claro ejemplo es un comercio pequeño la (bodega del barrio) cuya venta brutas sean 50 millones de bolívares mensuales (fácilmente los vende); este comercio cómodamente puede tener un (01) sólo empleado. Si se considera en la estructura de costo el 10% (un promedio común que asumen las pequeñas y medianas empresas) para pagar nómina daría un resultado de 5 millones de bolívares; pero ese patrón no le paga a su único trabajador esa cantidad. Es decir, el trabajador pudiera ganar 5.000.000 pero quizás le cancele 1.500.000 y la diferencia que hay entre ese millón y medio y los cinco millones es la plusvalía que genera el capitalista para robarse el valor de trabajo y generar más riqueza. Asimismo va aplicando incluso para las grandes empresas; sólo bastaría ver sus ventas brutas y el porcentaje de lo que representa la nómina y el resultado seguramente sería por debajo o cerca del 1%
El presidente Nicolás Maduro ha manifestado varias veces su sentir obrerista y más que nadie sabe que ese sector padece de un salario que no alcanza para comprar un kilo de leche en polvo acordado por su gabinete económico y los empresarios; visto así, se llega a dudar si el salario mínimo que aprobó el gobierno y los precios que también los aprobó (mediante esa reunión) uno es «justo» y el otro «injusto»; ya que ambos no puede ser iguales; debido a que si el salario mínimo es el «justo» entonces el gobierno estaría apoyando unos precios especulativos; y si los precios acordados son «justos»; entonces pasaríamos ser trabajadores explotados por colocarnos una fuerza de trabajo sub valorada ante unos precios con valor real. Es ahí el dilema. Un punto importante es que la administración pública sin duda alguna tiene una gran carga de trabajadores y los ingresos que tiene han sido disminuidos por los golpes de la guerra económica, pero esto no puede seguir sacrificando a sus trabajadores con un salario injusto ante unos precios justos. Si la cosa viene por el lado del sector empresarial que quiere tener mayor plusvalía o quiere tumbar al gobierno se debería ir pensando en darle una protección especial al trabajador del sector público porque es el más vulnerable, ya que el empresario ante quedar sin trabajadores ha preferido ofertar un mejor salario mínimo a quedar sin empleados cosa que aventaja al trabajador público. No es cuestión de liberar el salario mínimo oficialmente (que por cierto pareciera que si lo está) sino de proteger a quienes están en la primera línea de fuego llevando palo desde hace rato.
Twitter: @carlosg2021
Cactus24 (08-05-2020)
