Durante tres años los padres de Solsiret Rodríguez acudieron a la policía peruana a rogarle que investigara la desaparición de su hija universitaria y activista contra la violencia de género, pero nadie les prestó atención hasta que su cadáver mutilado fue hallado en una casa de Lima.
Cinco mujeres desaparecen cada día en Perú, según cifras oficiales, pero las autoridades no destinan muchas energías a esclarecer estos casos, se quejan familiares y activistas.
Según ellos, la policía y fiscales no se molestan en investigar porque creen que ellas se marcharon de forma voluntaria, sin prestar atención a que el país tiene altas cifras de feminicidios y a que existen redes de trata de personas y prostitución forzada.
«Las desapariciones de mujeres revisten una preocupación. Este mes tenemos 90 mujeres reportadas como desaparecidas. Es una cifra alarmante», dijo a la AFP Eliana Revollar, responsable de Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo (ombudsman).
En enero fueron denunciadas las desapariciones de 158 mujeres en el país, según la Defensoría, cinco por día en promedio. En 2019 hubo 166 feminicidios en Perú y una décima parte de ellos fueron catalogados como desapariciones en un primer momento.
«El cristal patriarcal con el que nos miran los operadores de justicia nos está matando», escribió este viernes la exlegisladora izquierdista Marisa Glave en el diario La República, al comentar las fallas en las investigaciones de la desaparición de la universitaria.
«Este sistema machista que protege, guarda, encubre y encarpeta expedientes tiene que terminar», dijo por su parte a la prensa la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro.
El ministro del Interior, Carlos Morán, pidió disculpas «en nombre del Estado peruano» a la familia de Solsiret Rodríguez, desaparecida el 23 de agosto de 2016 y cuyo cuerpo fue hallado hace dos días.
Morán afirmó que fallaron «desde el suboficial hasta el ministro» en estas pesquisas y ordenó «una investigación exhaustiva» contra todos los policías asignados al caso a lo largo de tres años.
En tanto, la Fiscalía abrió un expediente a dos fiscales que estuvieron a cargo del caso sin conseguir ningún avance.
Además de las víctimas de feminicidios, hay en Perú otras mujeres, sobre todo pobres, que caen en redes de trata de personas con fines de explotación sexual, principalmente en las zonas selváticas. La policía anuncia cada cierto tiempo el desmantelamiento de alguna red y la liberación de sus víctimas.
«No hicieron su trabajo»
En 2016 la desaparición de Solsiret fue llevada al Congreso peruano por la legisladora de izquierda Indira Huilca, algo que raramente ocurre, pero eso tampoco ayudó a su esclarecimiento.
Convocado a dar explicaciones, el entonces ministro del Interior, Carlos Basombrío, repitió el informe de la policía: la estudiante se había marchado a una playa del norte del país con una amiga. Ahora se sabe que la prueba presentada por los agentes eran viejas fotos de Facebook.
«Si pudiera renunciar de nuevo, lo haría» pues el trabajo policial fue «pésimo y hasta frívolo», admitió en Twitter Basombrío, que dimitió en diciembre de 2017 cuando el Congreso debatía la destitución del expresidente Pedro Pablo Kuczynski por el caso Odebrecht.
Solsiret estudiaba sociología en la universidad pública Federico Villarreal, tenía 23 años y era madre de dos niños pequeños. Vivía en el Callao, ciudad portuaria contigua a Lima, y era dirigente de la organización contra la violencia de género «Ni una menos».
Sus padres, Carlos Rodríguez y Rosario Aybar, se quejaron de que durante largo tiempo nadie investigó su desaparición.
«Dos fiscales no quisieron hacer su trabajo», dijo Aybar con amargura ante los periodistas.
La investigación comenzó a avanzar cuando llegó a manos de un tercer fiscal, Jimmy Mansilla, y hace un par de días fueron halladas partes del cuerpo mutilado de la víctima, incluida la cabeza, en la casa de la presunta homicida.
Están detenidos por el crimen la antropóloga Andrea Aguirre y su pareja, Kevin Villanueva, cuñado de la víctima. Sin embargo, el fiscal cree que puede haber otros parientes de ambos implicados.
Kevin es hermano de Brian Villanueva, el padre de los dos hijos de la víctima.
Las dos parejas vivían en la misma casa y aparentemente el crimen fue motivado por celos de Aguirre, quien para consternación de algunos tenía trayectoria como defensora de los derechos humanos y como activista de «Ni una menos». Informó AFP.
