La Fiscalía de la Audiencia Nacional española se opuso este miércoles a la extradición del venezolano Enzo Franchini Oliveros, detenido en España en julio y reclamado por Venezuela por supuestamente haber quemado vivo a un joven de 22 años durante las protestas antigubernamentales que registró el país latinoamericano en 2017.
En una vista celebrada hoy, el fiscal consideró que en el relato de hechos por los que se reclama al detenido por asesinato, instigación pública y terrorismo no se precisa en qué consistió su presunta participación en los hechos, informaron a Efe fuentes jurídicas.
Según el ministerio público, en la documentación aportada por las autoridades venezolanas se identifica a las personas que agredieron a la víctima, Orlando Figuera, con alias como el Pecas, el Menor, el Mono, el Oriental o el Malandrín, pero en ningún momento se reconoce que entre ellos esté Franchini.
Por su parte, la defensa de Franchini aseguró que se trata de «un claro caso de persecución política y de violación de derechos humanos» y que la reclamación es para «dar caza» a alguien contrario al Gobierno de Nicolás Maduro para torturarlo o, incluso, matarlo.
Según la documentación por la que se solicita la extradición, la víctima «fue agredida por un grupo de personas, de quienes se desconoce sus identidades», pero en ningún momento se identifica a Franchini, apuntó su abogado.
De hecho, un testigo del ataque identificó a la persona que roció con líquido inflamable al joven asesinado y dio de él una descripción que no se ajusta en absoluto a la del reclamado.
Además, añadió la defensa, la investigación policial identificó como autor de los hechos a Kevin Alexander Sierra, presunto integrante de una célula terrorista, sin nombrar en ningún momento a Franchini,
La defensa advirtió también de que sería un «hecho insólito» que un país de la Unión Europea entregase a un reclamado por el presidente del TSJ, Maikel Moreno, y el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, sancionados por no respetar los derechos humanos.
Oliveros fue detenido el pasado julio en la localidad madrileña de Getafe, al sur de la capital, e ingresó en prisión a la espera de que se resolviera su extradición, si bien quedó en libertad el pasado 4 de noviembre.
El Gobierno de Maduro culpó a los dirigentes opositores por la muerte de Figuera, que fue acuchillado y después quemado por varias personas que lo acusaban de robo en medio de una protesta en el municipio caraqueño de Chacao, un territorio considerado bastión del antichavismo (opositores).
Cactus24 13-11-19
