Durante una asamblea vecinal en el distrito de Pichari (provincia de La Convención, Cusco), 126 personas votaron a favor de que los ciudadanos venezolanos se retiren de esta jurisdicción hasta fines de año.
La reunión se llevó a cabo en el auditorio de la Municipalidad de Pichari. La alternativas fueron dos: la permanencia o el retiro. Sin embargo, esta iniciativa vecinal no tienen ningún margen legal en el Perú.
“Cualquier invocación de esta naturaleza está completamente fuera del marco jurídico y habrá que entender que algo así es inaceptable. No hay forma que algo así pueda ampararse en el marco jurídico que tenemos”, explicó Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.
Añadió que no existe ninguna figura jurídica que pueda obligar a una persona a abandonar su libertad de circulación o residencia. Por ello, instó a las autoridades a reorientar estas decisiones asumidas por algunos ciudadanos.
«Si hubiese de por medio una autoridad, incurriría en el delito de discriminación y en falta administrativa derivada de la discriminación. La ciudadanía o particulares que hayan incurrido en esta situación, si es a nivel colectivo, la Defensoría los invoca a reflexionar”, agregó.
Reiteró que las autoridades no pueden avalar ninguna medida de esta naturaleza, pues estarían actuando fuera del marco de la Constitución del Perú.
Desde la Embajada de Venezuela expresaron su preocupación por esta posición asumida por un grupo de ciudadanos.
“Vemos con preocupación los hechos ocurridos en el distrito de Pichari, donde un grupo de ciudadanos ha pretendido tomar medidas contrarias a la Constitución Política del Perú y a los compromisos internacionales adquiridos en detrimento de la comunidad venezolana». Además, rechazaron todo tipo de discriminación.
